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El PP denuncia que Interior controle el sistema de interceptación de comunicaciones y pide que sean los jueces

04/11/2009 16:23 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció hoy que el "control" del sistema de interceptación de las comunicaciones SITEL recaiga en el Ministerio del Interior y anunció que el Grupo Popular llevará al Congreso una iniciativa para que esa competencia sea en "exclusiva" del juez. Aseguró que dicho sistema es "inconstitucional e ilegal" y afirmó que el Gobierno del PP "nunca lo puso en marcha" porque lo desaconsejaron los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Ministerios de Justicia y Defensa.

El PP sostiene, en la proposición no de ley que registrará hoy mismo, que el "avanzado sistema informático" SITEL que "gestiona" el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba "permite la interceptación de las comunicaciones y la recogida de un conjunto de datos conocidos como 'información asociada a la comunicación'", que permiten que pueda seguir interceptando una comunicación "aunque se cambie de teléfono o de tarjeta SIM" e incluso saber la localización geográfica de los interlocutores, los mensajes SMS o los accesos a Internet.

Con este sistema, continúa, "se aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza la interceptación telefónica". "No sólo se puede vulnerar el derecho a las comunicaciones sino también el derecho a la intimidad", recalca.

En el texto, el PP recuerda que en 2001 se planteó la necesidad de mejorar los sistemas de interceptación de las comunicaciones para adaptarlas a las nuevas tecnologías y que para hacerlo se pidieron informes a Justicia, Defensa y el CGPJ. Sin embargo, subraya que esos informes "pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal", lo que "supuso la paralización de su implantación".

Eso sí, destaca que el sistema comenzó a utilizarse en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno. Para ello se dictó un reglamento de desarrollo de la Ley de Comunicaciones y tres años más tarde se reguló en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones de forma "insuficiente", según el PP.

Los 'populares' consideran que, aunque SITEL pueda servir para combatir la criminalidad, el Estado de Derecho exige "legalidad, proporcionalidad de los medios utilizados en la investigación y respeto a las garantías constitucionales".

REMITIR UN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA EN DOS MESES.

Por ello, el Grupo Popular plantea en su proposición no de ley que el Congreso inste al Gobierno a remitir en el plazo de dos meses un proyecto de Ley Orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones. Esa regulación deberá establecer "la exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos".

Además, reclama que se designe un funcionario identificado como responsable de los centros de interceptación de las comunicaciones. También exige que la utilización de esos sistemas requiera que el juez especifique en la resolución qué sistema de interceptación se debe utilizar y motive individualizadamente qué datos son los que deben ser interceptados.

Igualmente, plantea que los soportes digitales en los que se realice la grabación de datos estén "firmados por una autoridad certificada de la autenticidad para evitar la manipulación de los datos grabados". Y pide que "una vez aportados al proceso se destruyan las copias existentes, incluidos los datos obrantes en servidores de SITEL".

Los 'populares' creen que se deben regular específicamente las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil. En otro punto, plantean que la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso conozca anualmente un informe sobre la utilización de SITEL y otros software similares.

En la misma proposición, que el PP quiere ofrecer a otros grupos parlamentarios, propone que la Comisión de Justicia del Congreso elabore antes de un año un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles al ser utilizadas por la Administración Pública.

"UNA SOCIEDAD VIGILADA".

En una rueda de prensa para presentar el texto, González Pons afirmó que España es hoy "una sociedad vigilada" y agregó que el Ministerio del Interior "le está ganando la partida a la libertad y a la intimidad de los españoles", máxime cuando con los avances tecnológicos se ha "multiplicado la capacidad que tiene el Estado para controlar la intimidad y el secreto de las comunicaciones".

"No exagero si digo que no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones", aseveró.

El diputado del PP explicó que su formación presenta esta iniciativa porque el sistema SITEL de interceptación de comunicaciones es "inconstitucional e ilegal" y porque "debería estar administrado por la autoridad judicial". "En España está interceptado por Interior", exclamó, para añadir que esto es parecido a la llamada 'Ley Corcuera' sobre seguridad ciudadana.

ES COMO 'LA LEY CORCUERA'.

"Los efectos pueden ser tan perniciosos como 'la Ley Corcuera' pero sin ley", resaltó el responsable de Comunicación de los 'populares'. Dicho esto, explicó que aunque este sistema lo impulsó el Gobierno del Partido Popular en el año 2003 nunca lo puso en marcha porque lo desaconsejaron los informes del CGPJ y de los Ministerios de Justicia y Defensa.

González Pons no quiso vincular esta denuncia sobre SITEL con el llamado 'caso Gürtel' y dijo que confía en tener el respaldo de otros grupos parlamentarios para aprobar esta proposición en la Cámara Baja antes de Navidad. "Espero sentido común y decencia democrática para darnos cuenta que el derecho a la intimidad y las comunicaciones está hoy en entredicho", enfatizó.

Asimismo, indicó que el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la denuncia sobre este asunto que registró la Asociación de Internautas que preside Víctor Domingo, que hoy asistió a la conferencia de presa de González Pons.


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