En El Proceso, Franz Kafka trató de reflejar de forma satírica el incierto divagar de un hombre enfrentado a la compleja red de burocracias internas que lo atan a la sociedad, sin posibilidad de escapatoria. En esa misma situación kafkiana parece encontrarse Virgilio Perona Olmedo, director del colegio Eduardo López Palop, de Enguera (Valencia), municipio de unos 5.000 habitantes. En su lugar, han situado a Susana Ruiz, hija de un concejal popular.

Para ser director tienes que ser docente al menos diez años. Ruiz sólo lleva ejerciendo 13 meses y ni ha presentado un proyecto educativo, como es obligatorio, según denuncia el sindicato STEPV.

A pesar de su reconocida trayectoria – varios premios Buenas Prácticas para la Integración (BUPI), así como de innovación tecnológica y las más altas calificaciones en las diversas evaluaciones del centro– , Perona denuncia ser objeto de una auténtica persecución política, con vigilancia las 24 horas, por parte de la Administración local (PP).

Y ella es la única que, de momento, impide la reelección de éste en su cargo como director, puesto que cuenta con la totalidad del apoyo de la comunidad educativa (representada en el consejo escolar, por la asociación de padres de alumnos y el profesorado del centro), que ya votaron en favor de esa ratificación. Según el director: ‘ Lo único de lo que se me acusa es de llevar a cabo una autogestión del centro, independiente de la financiación que se niega a otorgarnos el Ayuntamiento, con una dejación constante. El único interés del PP por desplazarme del cargo es ideológico; no les interesa que los servicios públicos funcionen, buscan motivos para justificar lo privado’ .

La AMPA del colegio se constituyó hace años en empresa sin ánimo de lucro, y es ella, a través de padres y madres voluntarios, la que suministra el servicio del comedor, con lo que sus beneficios se mantienen en el presupuesto del colegio. Otro de los aspectos que destaca Virgilio es la dirección colegiada del centro, donde ‘ las decisiones no las toma el director únicamente, sino que absolutamente todas las cuestiones pasan antes en asamblea por el Consejo Escolar y el Claustro de profesores’ . Es decir, frente a la situación actual, donde cada vez se prevé más poder encarnado en la figura del director, dicho centro delega esa capacidad, descentralizándola.

No es un caso aislado

Más de 200 directoras y directores de centros en el País Valenciano han pasado por una situación similar, a la espera de que se haga pública su renovación o no en el cargo. Esa ratificación depende de un informe favorable emitido por la Inspección Educativa [ver recuadro], una institución que sindicatos y colectivos de docentes denuncian como partidista.

Es el caso del sindicato STEPV, que lleva meses quejándose de los métodos adoctrinadores de la inspección, cuyos miembros son, muy a menudo, ‘ nombrados a dedo por la propia Administración’ . Según Ginés Pérez, portavoz de la Asociación de Directoras y Directores de Primaria, ‘ el Consell espera a julio para anunciar el cese de cargos directivos que no simpatizan con sus ideas’ . Las acciones de la función inspectora de educación han aumentado el doble en los últimos meses, sobre todo ante las protestas frente a cursar Educación para la Ciudadanía en inglés.

Un ejemplo lo encontramos en la impugnación, el año pasado, de un claustro en el I.E.S. Francisco Ribalta de Castellón que abordaba dicho asunto, argumentando los inspectores correspondientes que ‘ no es competencia del claustro debatir cuestiones pedagógicas que están reguladas por órganos de rango superior’ .

Idéntico caso encontramos, unos meses antes, en el IES Gilabert, de Centelles de Nules, donde los profesores optaron por reunirse en asamblea ante el impedimento de hacerlo en claustro. Para CC OO, dichas prohibiciones respondieron en su día al hecho de ‘ frenar la cohesión del profesorado frente a la negativa de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, así como de aprobar manifiestos que la condenaran’ . La LOCE, que regula en la actualidad el sistema educativo, contradice estas actuaciones, al afirmar lo siguiente: ‘ Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la educación. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores’ .

Pero, una vez más, el Consell ofrece una particular visión de la legislación vigente y, cada vez más, asistimos a una violación de la autonomía de los centros, como se ha podido comprobar en los diversos casos comentados arriba. Como último ejemplo destaca, quizás por pintoresco, la suspensión de tres años en funciones y sueldo a José Luis Santiago, director del IES Las Norias, de Monforte del Cid, por colgar boca abajo una fotografía del conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora.

EL CUERPO DE INSPECTORES EDUCATIVOS, EN ENTREDICHO DESDE 1996

Vicente Díaz Rodríguez, presidente de la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE), explica que la debacle de la Inspección Educativa en el marco del País Valenciano comenzó en 1996, con el inicio del Gobierno del PP, que ‘ se encontró con una sentencia que condenaba a la Administración educativa por errores en un concurso de traslados de 1985, lo cual fue aprovechado para anular el concurso de méritos de entrada a la función inspectora en 1986’ . De esa forma, en una decisión inédita en la Administración Pública, el Consell culpó de los errores administrativos a 55 funcionarios docentes, que serían cesados el 15 de enero de 1996, sustituidos por otros funcionarios, según STEPV y otras fuentes documentales, ‘ designados a dedo’ . Entre los nombrados, aparecían dirigentes sindicales afines al PP, como el antiguo secretario general de USO-Enseñanza, Lorenzo Navarro; el presidente de la ANCABA, José Benedito, el ex presidente de la mancomunidad de la Hoya de Buñol o el concejal de Chiva.

La maniobra, explica UGT, la realizó el anterior subsecretario de la Conselleria d'Educació y hoy concejal en Alicante, Carlos Alcalde. ‘ Para colocar a todos estos, Alcalde aplicó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que dimitieron a la mitad de la plantilla que trabajaba en la época socialista y crearon lo que hoy se conoce como ‘ inspectores accidentales', es decir, profesores que, sin preparación alguna, accedieron a sus respectivos puestos’ . En 2001 se convocó la primera oposición a los cuerpos de inspectores de Educación.

Aun así, STEPV denunció en 2007 que ‘ siete de cada diez inspectores aprobados ya trabajaban nombrados sin concurso, simplemente por afinidad política, personal o familiar. Es la primera vez en la historia que trabajan juntos una familia inspectora completa: padres, hija o un padre y su hijo o hija’ .

Fuente: Diagonal 16ago09