Nota de prensa de la Plataforma por el mar de Canarias

Domingo Martin Afonso

Cuando el Tratado Internacional del Mar, (Montego Bay, 1982), pasó a formar parte del Ordenamiento Interno del Estado a todos los efectos jurídicos, el gobierno del Estado, teniendo en cuenta las novedades jurídicas sobre islas, archipiélagos y zona económica exclusiva, tenía que asegurarse en los momentos previos a la tramitación parlamentaria, de instar al Tribunal Constitucional para que declarase una resolución de interpretación doctrinal a la aplicación jurídica del Tratado internacional con respecto al texto de la Constitución Española, en especial, sobre la unidad territorial el Estado, sobre los espacios marítimos y aéreos de islas o archipiélagos de soberanía española.

Por la razón de que el Tratado contempla novedades sobre la delimitación de espacios marítimos y aéreos, concediendo el dominio marítimo al Estado cuya plataforma continental alcancen las 200 millas náuticas.

Los espacios marítimos de la plataforma continental del Estado español, abarca todas las islas Baleares, por lo que no presenta problema alguno sobre su delimitación. Sin embargo, las islas Canarias estando mucho mas lejos de ese perímetro, ponen en peligro los espacios marítimos de las islas canarias, en especial los espacios marítimos entre islas, que según la jurisprudencia internacional favorecería a Marruecos.

Ante estos hechos, el Estado se inhibió de darle una solución de protección a una parte del territorio español como son las islas canarias. Mas grave aún; ni un solo parlamentario canario objetó la aplicación del artículo 95 de la Constitución, con respecto a garantizar los derechos constitucionales del archipiélago canario sobre los espacios marítimos establecidos internacionalmente desde 1982.

Desde la transición española, hubo muchísimas propuestas al gobierno del Estado para definir con meridiana clarificación jurídica, las delimitaciones sobre los espacios marítimos del archipiélago canario. Nunca hubo voluntad política por solucionar un tema de vital importancia de vecindad marítima entre estados. Teniendo en cuenta la histórica conflictividad entre España y Marruecos por los territorios españoles en Africa, y que Marruecos viene reclamando como suyos, como son: Sahara Occidental, Cueta, Melilla e islas adyacentes asentadas sobre su plataforma continental, el estado español estaría obligado a buscar soluciones jurídicas desde aquellas estipulaciones del Derecho Internacional del Mar, que mejor encaje en la defensa de la españolidad de los espacios marítimos del conjunto del Estado. Y no es otro, que establecer constitucionalmente a las Islas Canarias como un territorio archipelágico del Estado español con una Plena Autonomía Interna.

Cuando en el año 2002, España concede licencia a Repsol en aguas por fuera de las doce millas, Marruecos presentó una denuncia ante las Naciones Unidas, alegando que no reconocía la Mediana impuesta unilateralmente por España, entre Canarias y Marruecos, por considerar que las aguas de soberanía marroquí, llegaban hasta el límite del mar territorial que circundan a las islas canarias, (12 millas).

En junio de 2005, por fin, el Congreso de Diputados, por unanimidad aceptan la toma en consideración de la Proposición de Ley, presentada por Coalición Canaria, sobre la delimitación en los espacios marítimos de Canarias. Cuya defensa estaba basada erróneamente en leyes internas del Estado, con cuyos fundamentos jurídicos se venía demandando durante largos periodos legislativos.

Cuando se abren las sesiones de presentación de enmiendas, el PSOE y el PP, presenta modificaciones con los mismos términos que lo hacían años atrás, o sea, se aprovechaban de la errónea defensa que presentaba Coalición Canaria sobre las incompatibilidades con respecto al Derecho Marítimo Internacional. Circunstancias que confirman que no existe voluntad política del Estado con respecto a que los espacios marítimos y aéreos de Canarias, se adhieran plenamente al Tratado Internacional del Mar. Pero lo mas sorprendente son las auto-enmiendas de la propia Coalición Canaria, que en vez de corregirlas desde el Derecho Internacional, las enmarcan con argumentos no jurídicos, como son "aguas interinsulares" y de la eliminación del concepto jurídico de "delimitación". Así queda desnaturalizado el texto original hasta dejarlo vacío de contenido. O sea, Canarias no será un Archipiélago de Estado, simplemente islas de cuyos espacios marítimos interiores y zona económica exclusiva, pasarán a ser de soberanía marroquí. Si el Estado español no lo remedia antes por medio de adaptar a la Constitución, las estipulaciones jurídicas que el Derecho Marítimo Internacional, establece para los territorios archipelágicos de Estado.

Canarias es España, y los canarios nos sentimos españoles. Que nadie dude ni lo mas mínimo de nuestra españolidad. Nos ofenderían si dijesen lo contrario. Por ello exigimos a quienes corresponda, que Canarias sea defendida como una parte más de la unidad territorial del Estado. Teniéndose en cuenta, los principios del Tratado Internacional del Mar, de la Constitución Española y la realidad de situación geográfica de las Islas Canarias.