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Detenido un empresario almeriense en una operación contra el blanqueo de capitales

23/04/2010 18:56 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Guardia Civil, en la segunda fase de la 'Operación Jable', ha registrado los domicilios de los siete detenidos, entre ellos un empresario almeriense, durante esta mañana, interviniéndose "abundante" documentación tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores.

En concreto, y según informó la Benemérita en un comunicado, los arrestos se produjeron hoy en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, así como en Almería, deteniendo a siete personas como presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Entre los detenidos está el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional. Asimismo, se ha procedido al arresto de Susana Martín Martín, hija de Dimas Martín, histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Además, entre los detenidos hoy también está José Miguel Rodríguez Sánchez (PIL), ex concejal de Ayuntamiento de Arrecife; Carlos Matías Curbelo Delgado, funcionario del Ayuntamiento de Teguise; Samuel Lemes, piloto de rallyes y ex campeón de España; el constructor José Ramón Vizcaíno; y el empresario José Gonzalo Gil Acosta, de Almería.

A estas detenciones, y en una primera fase de la 'Operación Jable', se unen las que la Guardia Civil ya realizó el pasado lunes en la isla de Lanzarote y Madrid, que tuvo como resultado un total de ocho personas arrestadas como presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

DOS TRAMAS EN ESTA SEGUNDA FASE

Esta segunda fase de la investigación se ha centrado principalmente en dos tramas, por un lado, la relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, "dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos".

Así, la investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

Por otra parte, la otra de las tramas está relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

"LA TRAMA ORGANIZADA MÁS IMPORTANTE" DE LA ISLA

La 'Operación Jable', que se investiga en el marco del 'Caso Unión', comenzó el pasado lunes cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del entramado de corrupción.

La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.

Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.

CONTINÚA ABIERTA

La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil.

La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta.


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