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TC dice que no se puede imponer el deber de conocer el catalán de forma equivalente al del castellano

09/07/2010 16:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Tribunal Constitucional explica, en su interpretación del artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña, que el conocimiento del catalán no puede ser un deber jurídicamente exigible con carácter generalizado y deja claro que no se puede imponer un deber de conocer el catalán equivalente al deber constitucional de conocer el castellano. El fallo reduce este deber al ámbito de la Educación y a los funcionarios de la Administración catalana y dice que si se interpreta así entonces, el artículo sí se ajusta a la Constitución.

El citado punto está dentro del artículo seis que define la "lengua propia y las lenguas oficiales" y dice lo siguiente: "El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua".

El Alto Tribunal comienza su explicación de este artículo, dejando claro que es "enteramente pacífico" que el Estatut es la norma "competente" para atribuir al catalán la condición jurídica de "lengua oficial" en esa CCAA, "compartida con el castellano como lengua oficial".

Dicho esto, precisa que no se puede imponer el deber de conocer el catalán igualándolo al deber de conocer castellano. Así, aclara que el artículo 6.2 "sería inconstitucional y nulo en su pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional del conocimiento del castellano".

En este sentido, explica que sólo puede tratarse de un "deber individualizado y exigible" de conocimiento del catalán con una "naturaleza distinta" al que tiene por objeto el castellano y limita el deber de conocer la lengua propia de la CCAA al ámbito educativo y al de los funcionarios de la Administración catalana.

Es decir, que se trata, según el TC de un deber "individual" y "de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación" y en el de las "relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios, obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística" reconocido en el artículo 33.1 del Estatut.

En resumen, señala que este precepto debe ser concebido como un deber "de naturaleza distinta al que sólo cabe predicar del castellano", esto es "como un deber que no es jurídicamente exigible con carácter generalizado, el deber de conocimiento del catalán tiene un objeto propio que lo justifica como mandato y que permite interpretarlo conforme a la Constitución".

Finalmente, concluye que "interpretado en esos términos", el artículo 6.2 del Estatut "no es contrario a la Constitución".


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