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Una inspectora de la Agencia Catalana de Consumo se personó en 2008 en la Escuela de Criminología de Cataluña. La escuela se enfrenta ahora a una sanción de 1.200 euros por el hecho de que sus folletos informativos estén escritos sólo en castellano
Cada vez son más los comerciantes y trabajadores autónomos que han sido multados con 1.200 euros por no redactar, "al menos en catalán", las informaciones con las que ofrecen al público los productos y servicios de sus negocios. El Gobierno catalán se aferra al artículo 32.3 de la ley de Política Lingüística. Según este capítulo, "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos al público tiene que estar redactados, al menos, en catalán".
La sanción llegó a la Escuela de Criminología el pasado 15 de enero. "Nadie, ni clientes ni futuros clientes, nos han pedido, en todos estos años de trabajo, un folleto en catalán; mi sector es pequeño", afirma José Luis Jiménez. "Yo creía que éste era un Estado de Derecho, pero empiezo a tener ciertas dudas".
"Yo nunca hablo catalán aunque lo entiendo perfectamente; es mi decisión. Pero vivo en una comunidad autónoma bilingüe en la que el castellano es también una lengua oficial", añade además que esta es "una muestra más de la persecución inquisitorial que sufrimos los catellanoshablantes en Cataluña, ya casi un estado nacional-socialista. Somos prisioneros de la administración que impide que nos relacionemos normalmente".
¿No es derecho de los autónomos a gestionar su negocio de la manera que consideren necesaria? Yo vivo en una zona turística. Durante el verano, la zona se llena de visitantes de distintas partes del mundo. Existen determinados negocios que se dirigen a estos visitantes. Por ejemplo: hay un supermercado rotulado íntegramente en inglés ¿por qué motivo? su pongo que quiere atraer la atención de esos ciudadanos. ¿Ese supermercado moleta a alguien?
¿Es tan difícil darse cuenta que esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos?
En Cataluña, día tras día se están eliminado derechos y libertades que en teoría garantiza la constitución. Estos empresarios se ven obligados a ir a los tribunales a defenderse de estas multas, mientras los políticos, especialmente zapatero, que es quien gobierna, no hacen nada. No hacen nada porque su gobierno dependen de los votos de estos dictadores en el parlamento. ¿Es tan difícil darse cuenta que esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos?
La discriminación por motivo de lengua es tan contraria a la democracia como la impuesta por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra semejante; y los perjudicados son los ciudadanos, no las lenguas, que no tienen derechos ni obligaciones y ni sufren ni padecen.
Hubo una época en que se hizo una exclusión de las lenguas españolas distintas al castellano, lenguas que solo se podían utilizar en privado, pero no en servicios públicos ni en la educación. Pero si tenemos en cuenta que cuando eso sucedió en España gobernaba un tal Franco, es algo lógico. Pero ahora en democracia son esos partidos que se hacen llamar de izquierdas los que están instaurando ese mismo sistema dictatorial.
Nuestros políticos están destruyendo la España que conocemos. Se necesita con urgencia una regeneración política.
Tom
