El secretario nacional de Juventud del gobierno brasileño, Bruno Julio, dimitió de su cargo tras afirmar que las masacres en dos cárceles que dejaron esta semana 87 presos fallecidos en el norte del país deberían "haber matado más" internos.

"Soy hijo de policía, ¿sabe? Tendrían que haber matado más. Debería haber una matanza por semana", aseguró Julio este viernes al diario O Globo.

Horas antes, en la madrugada, 31 presos habían sido brutalmente asesinados en una cárcel de Roraima (norte), cuatro días después de que una sangrienta venganza dejara 56 muertos en un presidio de Manaos, en plena guerra entre bandas por el control del narcotráfico.

Para justificar su postura, el ya exsecretario aludió a las diferencias con las que, a su juicio, se trató el crimen machista que dejó 12 personas muertas -en su mayoría mujeres de la misma familia- en una fiesta de Año Nuevo respecto a las masacres en las prisiones.

"Ellas, que no tenían que ver con nada, que se fastidien. Los santitos que estaban allí dentro [de las prisiones, ndlr], que violaron y mataron: 'Pobrecitos, oh, Dios mío, ¡no hicieron nada!", reclamó Julio.

"Este (país) políticamente correcto en el que se está convirtiendo Brasil está haciéndose muy pesado", añadió.

Ante la controversia generada por sus afirmaciones en una sociedad impactada por la brutalidad de los asesinatos en las cárceles -con cuerpos decapitados, mutilados y vísceras arrancadas-, el secretario presentó su renuncia al presidente de Brasil, Michel Temer, que aceptó su petición, confirmó a la AFP un portavoz de la Presidencia.

En la noche, sin embargo, este político del mismo partido de centro-derecha del gobierno (PMDB), publicó una nota en su perfil de Facebook, afirmando que sus declaraciones habían sido "hablando como ciudadano, en carácter personal".

La polémica con el secretario sumó un nuevo problema para la administración de Temer tras una semana llena de críticas por su gestión de la crisis en las prisiones, carcomidas por la superpoblación y el dominio de las bandas.

Con 622.000 personas privadas de libertad -en su mayoría jóvenes negros-, el gigante sudamericano tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según datos oficiales.