El Desmentelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en el segundo semestre de 2019, según las estimaciones que la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, ha hecho llegar a los ayuntamientos de la zona.

Así lo ha manifestado la alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), donde está ubicada la planta, Raquel González, quien ha detallado que, según Nuclenor, la empresa está ultimando la redacción del plan y confía que en los primeros meses de 2019 pueda recibir los vistos buenos preceptivos, entre ellos los del Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa).

Desde que la empresa comunicó elcierre definitivo de Garoña, en agosto del año pasado, los catorce municipios situados en un radio de diez kilómetros en el entorno de la instalación han trabajado en la elaboración de una propuesta de plan alternativo de desarrollo que presentarán a finales de septiembre y solo está pendiente ya de los últimos retoques, según la alcaldesa.

Se basa en un análisis del potencial de la zona, sobre todo relacionado con sus recursos naturales.

El plan, según Raquel González, propone un proyecto conjunto basado en actuaciones puntuales en cada municipio pero con una estrategia de desarrollo común.

La alcaldesa del Valle de Tobalina ha insistido en que la zona no pide grandes proyectos, que considera que no serían viables y terminarían perjudicando a la zona.

En su lugar, apuestan por "pequeños proyectos empresariales que no perjudiquen la esencia" de ese entorno rural

El colectivo Araba sin Garoña ha anunciado que se disolverá después de quince años de trabajo al haber "cumplido su único objetivo: cerrar la central" nuclear burgalesa, ubicada a escasos kilómetros del límite con Euskadi.

En declaraciones Efe, Frías ha explicado que la decisión de poner fin a Araba sin Garoña fue tomada la semana pasada por la asamblea general del colectivo, integrado por sindicatos y movimientos sociales y vecinales.

La plataforma ha agradecido a la ciudadanía alavesa y la vasca su "apoyo e implicación" en las movilizaciones contra de la central nuclear durante estos quince años, unas protestas que tuvieron su apogeo con la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Vitoria el pasado 18 de marzo. 

"Esa y no el 1 de agosto es la verdadera fecha de defunción" de Garoña, ha proclamado Frías, al tiempo que ha criticado la "disfunción" que partidos e instituciones han mantenido durante este tiempo sobre la central, con declaraciones favorables a su cierre que "no iban acompañadas" de acciones para impulsarlo. 

Araba sin Garoña se despedirá el próximo sábado 30 de septiembre con un "acto festivo" por todo el casco viejo de Vitoria que culminará con una "gran comida popular"

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 18, 4 millones de euros que la Comiión Ncional de los Mercados y de la Competencia impuso en 2014 a Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa al 50%) por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Las eléctricas decidieron unilateralmente cesar la explotación del reactor en 2012 y no lo comunicaron con la antelación suficiente a la Administración. El caso pasó antes por la Audiencia Nacional, que en su fallo tachó de “política de hechos consumados” la actuación de ambas empresas.

Cuando paró, Garoña era la central más antigua de España —entró en funcionamiento en 1971— y la de menor potencia (466 MW), por lo que su aportación al sistema eléctrico era muy reducida. Sin embargo, su cierre generó un auténtico culebrón político que se prolongó durante años y que incluyó un sonoro tira y afloja del Gobierno de turno con sus propietarias.

Nuclenor decidió en 2012 pararla para evitar pagar nuevas tasas nucleares que el Gobierno había aprobado para luchar contra el déficit de tarifa. Por hacerlo unilateralmente la entonces Comisión Nacional de la Energía (CNE) le abrió expediente que acabó con una multa de 18, 4 millones de euros por una infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico. Nuclenor incurrió en “la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica”.

Las eléctricas recurrieron  a la Audencia Nacional y perdieron. El tribunal consideró que “la recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al ministerio su decisión unilateral de cese”. Una decisión que, tal y como refleja también el fallo, de junio de 2016, no se comunicó hasta 14 días después de haber cesado la explotación. Nuclenor alegó que se produjeron “causas imprevistas” que la deberían excluir de la necesidad de comunicar su decisión con una antelación de un año.

No fue por causa imprevista

La Audiencia respondió que la entrada en vigor de una reforma legislativa (las nuevas tasas nucleares) no podía considerarse una causa imprevista aunque afectara a la fiscalidad de las centrales. Según aseguró entonces la empresa, la nueva ley le obligaría a pagar 152, 8 millones de euros en impuestos, lo que superaba su patrimonio neto (120 millones) y la dejaba en una situación insostenible.

La Sala III de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo confirma ahora esa sentencia, incluida la cuantía de la sanción, porque considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

Una vez despejadas las dudas sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, a la que el Gobierno ha denegado la renovación del permiso de explotación, sus propietarias,  Endesa e Iberdrola,  a través de Nuclenor, se disponen a colaborar en el desmantelamiento de la planta burgalesa, del que se ocupará la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Según fuentes próximas a esta compañía pública, el coste de la gestión de los residuos de Garoña y su desmantelamiento superaría los 300 millones de euros. La única planta que se ha desmantelado tras un cierre ordenado (un caso aparte es el de Vandellós I, que se cerró en 1988 tras un grave accidente), ha sido la de José Cabrera o Zorita, propiedad de Gas Natural Fenosa. El proceso en este caso se presupuestó en 170 millones, pero, según las mismas fuentes su coste ha alcanzado los 260 millones.

 Una vez que el Ministerio de Energía publique la orden con la denegación del permiso de Garoña y, previo informe del CSN, aquel autorizará el plan de desmantelamiento de la central. Se inicia entonces un periodo de predesmantelamiento, en el que Nuclenor deberá extraer de la piscina el combustible gastado, altamente radiactivo, que depositará fuera de la central. Asimismo, deberá enviar al almacén de El Cabril, de Enresa, los residuos de baja y media actividad.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó en su día a Garoña la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos, que se ubicará en el exterior de la planta, vista de la demora en la construcción del ATC (almacén centralizado) en el municipio conquense de Villar de Cañas, que no legó a terminarse por un deficiente planeamiento.

El ATI recibió el año pasado la declaración de impacto ambiental (DIA), del Ministerio de Medio Ambiente, así como la licencia de obra del ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña. Dicha licencia se otorgó para un presupuesto de 12 millones, que incluye el coste del almacén y el de los primeros cinco contenedores, según Enresa. Con una capacidad para 32 bidones o 6.000 toneladas de residuos, el ATI podrá utilizarse hasta un máximo de 10 años.

Sobre esta cuestión, hay quien teme que las instituciones vascas, especialmente, la Diputación de Álava, las que “realmente han logrado el cierre de Garoña, tras presionar a Iberdrola y a cambio de apoyar los Presupuestos del Gobierno para 2018”, según fuentes políticas, rechacen la construcción del ATI, lo cual sería normal.

De no ser así, según los contratos estándar firmados entre Enresa y las eléctricas, el proceso seguirá su ruta. El denominado predesmantelamiento durará seis años, tiempo necesario para que se reduzca la radiactividad y pueda trabajarse con seguridad. Aunque Garoña lleva parada desde diciembre de 2012,  este plazo no se descuenta de los citados seis años, “porque se trataba de una para programada y no un cese de la actividad y el agua ha estado circulando”.

Respecto al desmantelamiento en sí, del que se ocupará Enresa (el “explotador responsable” al que se traspasará la titularidad de la central transcurridos esos seis años), no hay un plazo fijo, aunque Enresa suele calcularlo en 10 años.Por tanto, la clausura definitiva no llegará antes de 2033. El proceso requerirá de una DIA y la autorización prevista en el Tratado de Euratom, donde se evalúa el posible impacto transfronterizo.

En el caso de Zorita, se prevé que los trabajos terminen en 2018 (el más delicado, el desmontaje de la vasija del reactor se realizó en 2015), si bien, el problema de de esta planta es que el ATCpueda estar en funcionamiento ese año para poder trasladar a él los residuos radiactivos, más de 2.000 toneladas, la mitad de baja y media intensidad.

Con la declaración de clausura, previo dictamen del CSNE, las eléctricas recuperarían el emplazamiento, que no dejará de ser de su propiedad. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de fijar restricciones al uso de los terrenos. En el caso de los de Zorita, Gas Natural ha manifestado en alguna ocasión su intención de levantar en ellos una central de ciclo combinado. Pocos confían en que se pueda volver a construir en ninguno de ellos otra nuclear.

La plantilla se lamenta

El comité de empresa de Garoña desmintió ayer en un comunicado que el Ministerio de Energía haya acordado con los trabajadores un plan social sobre el mantenimiento del empleo con pre-jubilaciones o recolocaciones, como aseguró su titular,  Álvaro Nadal,  el martes. “Hay acordada una declaración de intenciones con mecanismos para negociar, pero llegar a un acuerdo “razonable” dependerá de Nuclenor”.

El anuncio del cierre definitivo de la central “ha llenado de alegría al hombre de a pie, y de tristeza y decepción a los trabajadores”, pues “se trata de “una decisión político-económica y no técnica”( con lo cual no todos estan de acuerdo) que “ha generado- eso sí- una gran inquietud, por la incertidumbre que genera”, pues Garoña mantiene una plantilla de 235 personas tras la jubilación de más de más de unas cien personas.

4.000 MILLONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) dispone de un fondo de más de 4.000 millones de euros para la gestión de los residuos del parque nuclear y el desmantelamiento de las centrales cuando el Gobierno o el CSN (sus dictámenes negativos son vinculantes). Se trata de aportaciones de las eléctricas a través de distintas tasas sobre los residuos o la generación eléctrica.

El último (y sexto) Plan Nacional de Residuos se aprobó en 2006 y, aunque la ley exige que se revise cada cuatro años, ningún Gobierno en este tiempo ha aprobado el séptimo plan. Según el todavía vigente de hace más de una década, los fondos necesarios para abordar la gestión de los desechos atómicos de las centrales nucleares españolas y su desmantelamiento son de unos 13.000 millones, frente a los citados 4.000 millones.

De esos fondos han salido las ayudas para los municipios afectados por el cierre de Garoña que, a fecha de 6 de julio de 2013, aprobó Rodríguez Zapatero cuatro años antes, en 2009, y que nunca se llevó a cabo. Según fuentes políticas, la comarca del Valle de Tobalina, recibió, al menos en los tres primeros años, 25 millones anuales que libró el antiguo Ministerio de Industria. Entre los planes del entonces ministro, Miguel Sebastián, figuraba un parador y una fábrica de separación de residuos, presupuestada en 80 millones, que nunca vieron la luz.

La última inspección realizada en la central nuclear de Garoña ha detectado el rastro de un antiguo vertido de cesio radiactivo junto al almacén temporal de bidones y residuos de la central, que "no se detectó lamentablemente en su momento o no se descontaminó adecuadamente".

La contaminación fue hallada el pasado 20 de junio, durante una inspección rutinaria, debajo de tres contenedores de hormigón sin moverse desde 2009, según refleja el último acta de la reunión plenaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicada en su web este lunes.

Las centrales no han rendido lo suficiente como las eólicas, por ejemplo.Por eso mueren sin gloria en todo el mundo

La contaminación de cesio-137 afectaba a unos 2 metros cuadrados de suelo y durante su retirada se sacaron de dicho área dos bidones de tierra, según se explica en el acta, donde también se afirma que "aparentemente se trata del rastro dejado de un derrame producido hace muchos años del que no queda constancia documental"

El PNV confía en que el parón que vive el desmantelamiento de la central nuclear se desbloquee tras las elecciones generales, pero ha encendido las luces rojas en los grupos de oposición parlamentaria de la Cámara vasca. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Partido Popular que expresaron su temor de que la inacción de la empresa pública Enresa -denunciada por la compañía Nuclenor gestora de la planta- responda a una «intención velada» de convertir las instalaciones en un cementerio nuclear. Con un discurso más diverso, el PNV confía en que el frenazo en las tareas de desmontaje responda a un momento coyuntural, que se superará pasadas las elecciones generales del próximo 28 de abril. Los socialistas vascos creen que no puede ni siquiera hablarse de ralentización de las tareas, ya que, según dicen, el plazo que se dispone para trasladar los residuos atómicos a un futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC), aún sin ubicación definitiva, es todavía muy largo.

No tiene la misma idea Nuclenor. La compañía propietaria del reactor, participada al 50% por Iberdorla y Endesa,  sostiene que tiene «prácticamente finalizadas» las tareas de acondicionamiento de los residuos que se generaron mientras la central estaba activa. En estos momentos, la empresa se encuentra a la espera de que Enresa le envíe los cinco contenedores donde se guardará el combustible usado que ahora mismo se mantiene «en condiciones de máxima seguridad» en la piscina de las instalaciones. Los residuos de alta actividad que almacena Garoña deben llevarse en 5 contenedores a un almacén ATI en construcción

Falta de planificación

La legislación actual prevé que ese material permanezca durante un tiempo de 15 o 20 años -debidamente 'empaquetado'- en lo que se denomina un Almacén Temporal Individualizado (ATI), que se está construyendo en Garoña, a la espera de que, pasado ese tiempo, se transporte a un cementerio definitivo, el llamado Almacén Temporal Central (ATC). Estas instalaciones iban a habilitarse en Villar de Cañas (Cuenca), pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha echado para atrás el proyecto, por haber sido  descalificados por su mal planemiento y situación. Hoy carece de ubicación.

EH Bildu considera que la crisis que atraviesa el desmantelamiento de Garoña evidencia una «falta de planificación ordenada» de las tareas, lo que a su entender está generando «mucha incertidumbre», según consideró el portavoz parlamentario de Medio Ambiente de la coalición, Mikel Otero. «Hace tiempo que Enresa venía avisando de que los fondos que tenía para afrontar los costes del desmantelamiento eran insuficientes», afirmó. «Tiene toda la pinta», añadió, de que el Gobierno pretende hacer un cementerio nuclear en cada central.

El mismo criterio comparten Elkarrekin Podemos y PP. «Construir un ATC es un proceso que requiere al menos 5 años. O se llevan a Francia y se paga por ello 65.000 euros al día o, como mucho me temo, se quedarán en Garoña para siempre, como un dinosaurio», afirmó Joserra Becerra, parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos y miembro de Equo Berdeak. El popular Carmelo Barrio calificó de «muy preocupante y peligroso», el «incumplimiento de Enresa de sus obligaciones adquiridas con el Gobierno de España.

Los nacionalistas vascos confían en que las elecciones generales desbloqueen la situación. «El cierre de Garoña ha puesto de manifiesto una falta total de planificación sobre gestión nuclear y energías renovables», criticó el congresista Mikel Legarda. Por el PSE-EE, David Senderos, su secretario de Política Ambiental, aseguró que la futura existencia de un ATC y el Plan de Residuos Nucleares, que se aprobará previsiblemente en la segunda mitad del año, aclaren el panorama.

No es un cierre más. La decisión del Gobierno de acabar definitivamente con la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), hecho público este martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, puede haber iniciado la cuenta atrás hacia la erradicación de esta fuente de energía en España.

Así se desprende tanto de la presión política, ante la que Nadal reconoció haber cedido, como por el desinterés empresarial en torno a la instalación, dos novedades impensables hace tan solo una década y que pueden suponer el punto de inflexión soñado por los ecologistas.

La central, de 1971,  había cumplido ya los 40 años, período considerado de referencia para la vida útil de estas instalaciones. Permanecía parada desde 2012. La introducción de una tasa había llevado a Endesa e Iberdrola a suspender la actividad. Si la continuidad allanaba el camino a alargar la vida de las restantes cinco centrales más allá de los 40 años, el cerrojazo abona la posibilidad de que esas cuatro décadas marquen también el fin de éstas.Recuerdese que Garoña es la hermana gemela de Fukushima. 

Contra los técnicos y parte de su partido

El Centro de Seguridad Nuclear avalaba la reapertura si se efectuaban algunas mejoras, pero el Gobierno ha decidido echar el cierre definitivo a la central. Hasta ahora, sólo el PP defendía que Garoña continuase abierta. Su soledad se vio en una votación en el Congreso  donde nadie salvo los diputados de la derecha se empeñaban en mantenerla.

El cierre, sin embargo,  ha dividido a los que ya estaban solos. Los populares vascos se felicitaron por el cese de la actividad e incluso llegaron a decir el haberlo promovido. Desde Castilla y León lo consideraron un "error histórico", en palabras del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

La principal razón esgrimida por Nadal para el cierre es "el contexto de clara oposición política". La decisión hubiera sido otra si el PP tuviese mayoría en el Congreso, dijo. En la cámara baja, PSOE, Podemos y Ciudadanos defendieron el cese. Un nuevo permiso de 10 años "necesita certidumbre económica, política y social" por la inversión que requería, explicó el titular de Energía.

En otras palabras: el Gobierno, que en muchas ocasiones defiende su autonomía frente a las posiciones del Congreso,  ha decidido ceder ante la presión política una decisión que le correspondía exclusivamente. Teniendo en cuenta lo poco probable que resultaría una nueva mayoría absoluta del PP, ¿acabará la presión política del resto de grupos, unidos en el Congreso, con las demás centrales nucleares?

Desinterés de Iberdrola

Otro de los motivos para el cese es el desinterés de Iberdrola en la instalación, gestionada a través de una sociedad en la que participa también Endesa. Para Hugo Morán, secretario para la Transición Ecológica del PSOE,  ni el Gobierno ha sufrido un repentino ataque de ecologismo ni ha decidido escuchar a la oposición sino que ha tirado la toalla al ver que ni Iberdrola apostaba por seguir explotando Garoña. "Son las propias empresas las que están empezando a dejar caer la nuclear como fuente de energía", explica.

"Políticamente es incomprensible resistirse a aceptar una realidad que va a llegar", explica. El PSOE apuesta por decir adiós para siempre a la producción de energía nuclear en 2028, cuando la de Trillo (Guadalajara) cumpla 40 años. Los socialistas apuestan por sustituir en cada territorio las centrales por las energías renovables que mejor se adapten al medio para así mantener la producción y el tejido industrial y empresarial. "La nuclear es la gran puerta de entrada de renovables en un proceso de transición justa", dice Morán. 

"Un punto de inflexión" para Equo

Para Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, diputado de Unidos Podemos y exdirector de Greenpeace, se trata de un "gran éxito del movimiento antinuclear" y un "punto de inflexión" que condiciona la gestión futura de todo el parque nuclear español.

Tanto para los ecologistas como para el PSOE y Podemos, hay motivos de seguridad que son clave para decidir abandonar la energía nuclear, desde accidentes a riesgo de atentados terroristas, pasando por la conservación de los residuos. Pero también los hay medioambientales, como los recursos necesarios para la refrigeración en plena era del calentamiento global. 

Para Morán, ha sido fundamental el desinterés empresarial. "La presión política hoy es igual a la del año 2009", cuando el PP defendía la continuación de la actividad, asegura. "La diferencia es que Iberdrola defendía que el país no podía prescindir de Garoña por suministro y que sería grave error".

Si antes el PP hablaba del mercado y el precio de la electricidad como elemento esencial para apostar por las renovables, ahora defiende lo contrario: que el cierre definitivo no repercutirá en la factura de la luz y que las decisiones sobre política energética las dicta el Ejecutivo. Según el PSOE, el problema de la factura energética no es el coste de producción sino su regulación, una verdadera patata caliente que tradicionalmente se han pasado Gobiernos de distintos colores mientras el precio no dejaba de subir.

El 3 de junio de 1979 durante la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear, convocada trás el accidente de Harrisburg(Estados Unidos), fue asesinada Gladys del Estal Ferreño en Tudela (Navarra), durante una manifestación antinuclear.

 Gladys ue asesinada por el guardia civil José Martínez Salas en Tudela (Navarra), durante una marcha de protesta. El asesino fue juzgado el 14 de diciembre de 1981 en Pamplona en un proceso lleno de irregularidades, y condenado a sólo un año y medio de cárcel, que no llegó a cumplir, casi la misma pena que la de un ecologista de Mallorca (un año de cárcel), cuyo único delito fue colocar una pancarta de protesta contra la muerte de Gladys.

Gladys del Estal tenía 23 años cuando la mataron, vivía en el barrio de Eguia en Donostia, era programadora de informática en una pequeña empresa y compaginaba su trabajo con sus estudios de Químicas.

Gladys era militante ecologista. Pertenecía al Grupo Ecologista de Egia y a los Comités Antinucleares de Euskadi. Participó en la organización de numerosas actividades ecologistas, como marchas ciclistas y manifestaciones contra la central nuclear de Lemoniz.

Gladys marchó a Tudela el 3 de junio a llamado de los Comités Antinucleares para participar en la “Jornada Internacional contra la Energía Nuclear”. La Guardia Civil irrumpió violentamente en el Paseo del Prado, donde se celebraba pacíficamente el acto antinuclear, que estaba autorizado.

En una sentada posterior, fue golpeada por el guardia civil José Martínez Salas con su arma, un fusil Z-70, sonando un disparo a resultas del cual cayó tendida en la calzada, malhrida.

Gladys llegó muerta al centro hospitalario. La protesta contra su asesinato fue unánime y general, con manifestaciones y huelgas en todo Euskadi y en otras zonas del Estado. Gracias a su sacrificio y al de otros muchos, fue posible paralizar los dos grupos nucleares de Lemoniz.

Pronto los submarinos rusos de propulsión nuclear no tendrán que recargar combustible durante toda su vida útil, lo cual supone una enorme ventaja económica y ahorro de tiempo, afirmó el almirante Vladímir Valuyev, excomandante de la Flota del Báltico, informaRIA Novosti.

Anteriormente la empresa rusa Afrikántov, que forma parte de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom,  concluyó con éxito las pruebas de un reactor nuclear para submarinos que no requiere de recarga de combustible.

Los robots submarinos más clasificados de Rusia

"Este reactor es el sueño de los submarinistas, ya que en el caso de los reactores actuales se cambia cada siete años y con este adelanto no se cambiará durante la vida útil del submarino, que es de al menos 30 años. La creación de un reactor que puede operar sin necesidad de recargar combustible nuclear a lo largo de todo el ciclo de vida útil del submarino es ventajoso económicamente", agregó.

"El cambio de reactor es un proceso costoso. Tiene que ser extraído, colocado en un recipiente protector hecho de plomo y transportado al lugar del reciclaje. Sin embargo, disponiendo de un reactor 'eterno', el submarino ―y su mantenimiento― será más económico, manteniendo las mismas características", concluyó el almirante.