El Poder Judicial del Estado

La explicación y/o la consciencia más o menos sesgada, de que el Estado es un mal, mayor o menor, que tenemos que admitir para nuestra convivencia civilizada, parece brillar por su ausencia en algunas personas e instituciones.

En pleno siglo XXI hay que recordarle a algunas personas que ostentan cargos públicos, que son empleados, servidores públicos mantenidos económicamente, gracias a los impuestos del conjunto de la ciudadanía.

Después de la Revolución Francesa, casi nadie duda que el Estado es un mal menor para la gobernabilidad de los pueblos.

Ahora bien, desde la misma Revolución Francesa, nadie duda que la soberanía, es decir el poder de decisión y elección, reside (corresponde) en el pueblo... en los ciudadanos que mediante su voto eligen a sus representantes para administrar el Poder, al margen de si se trata de soberanía popular o soberanía nacional, según las conocidas diferencias entre Rousseau y el abate Sieyés, este cambio cualitativo marca la diferencia entre el súbdito obediente y el ciudadano libre de decidir su destino.

Marca la sustancial diferencia, entre la voluntad de las minorías y la de las mayorías, base fundamental de la democracia.

Por consiguiente en cualquier democracia que se precie, los Poderes del Estado, han de ser consecuencia de la elección de los ciudadanos, no de una parte de la sociedad, de un gremio o de un colectivo por muy especializado que sea este y han de estar sometidos al control y supervisión sus actos.

La soberanía se ejerce con el voto popular, a los diputados no se les elije para designar jueces

La situación creada con la propuesta del nuevo ministro de justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, según la cual será el Consejo General del Poder Judicial, el que elija a los miembros de las altas instancias de la justicia en España, es un paso atrás en la historia.

Lo primero que cabe preguntar es ¿Quien elige a esos señores?, la respuesta está en la Constitución española que establece que serán: el Rey, que designa a 12, el Congreso de los Diputados, que designa a 4 y el Senado que designa a otros 4 miembros del CGPJ.

Lo segundo que cabe preguntar es ¿Quien ha elegido al Rey?

Lo tercero y no menos importante, es ¿ante quién rinden cuentas los miembros del CGPJ y quién les fiscaliza y sanciona?.

Cuanto menos Estado mejor y cuanta más democracia, también, por eso parece llegado el momento de reivindicar la elección democrática de jueces y fiscales por distritos electorales.

La democracia debe ser real y no formal, no se debe sustraer a la soberanía popular la elección del Poder Judicial.

Enmascarar de soberanía nacional (en voz de Sieyés) la independencia del Poder Judicial, era la solución menos mala, que sean los jueces quienes se elijan a sí mismos es seguir manteniendo una casta de intocables que campan a sus anchas y hacen manga por hombro sentencia tras sentencia, esperpento tras esperpento, tal como se viene observando durante los últimos años en los juzgados del Estado español, sin asomo de pudor ante sentencias disparatadas y procesos que esconden vendettas entre magistrados.