Aprobar una ley de Educación en España sin suscitar controversia y sin generar enconados debates entre Gobierno y oposición se ha convertido en las últimas décadas en una auténtica quimera. La propuesta de la ministra Celaá no iba a ser una excepción y llega este jueves al pleno del Congreso rodeada de polémica, en especial en torno a sus puntos más delicados, como la desaparición del español como lengua vehicular, las limitaciones a la concertada y la enseñanza a alumnos con discapacidad.

El pasado viernes el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos consiguió sacar adelante el dictamen de la Lomloe, también conocida como Ley Celaá, en la Comisión de Educación del Congreso. Lo logró tras incorporar al texto inicial las enmiendas que ha debatido durante meses con varios partidos de la oposición. Sin embargo, PP, Ciudadanos, Vox y UPN se muestran muy críticos con el documento final.

La Eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deban disponer de los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que Ética no sea obligatoria en cuarto de la ESO son algunos de los temas más espinosos de esta propuesta y volverán a tratarse este jueves en la Cámara Baja, donde necesita mayoría absoluta por su carácter orgánico.

La nueva ley recoge también la oferta obligatoria de religión en los centros, cuya nota no contará para el acceso a la universidad o a becas, y elimina el deber de cursar una materia alternativa. Además, contempla que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas y que bachillerato podrá estudiarse en tres años.

La enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y ERC para que la nueva reforma educativa no incluya el castellano como lengua vehicular en la enseñanza constituye uno de los puntos más conflictivos del texto. No obstante, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha adelantado que no van a echarse atrás en este punto.

Ante este punto, se han mostrado contrarios partidos como PP, Ciudadanos, Vox y UPN. El líder popular, Pablo Casado, que considera esta ley una "contrarreforma educativa", ve "ridículo" limitar el uso del español. Por su parte, la portavoz de Cs, Marta Martín, ha tildado la medida de "atentado contra los derechos lingüísticos de todos los españoles".

Otro de los aspectos más comprometidos de la Lomloe es el relativo a las escuelas concertadas, pues la prohibición de cesión de suelo público o algunas de las nuevas políticas de escolarización imponen ciertas limitaciones a este tipo de centros.

Ante estas medidas, algunos centros y plataformas se han manifestado para mostrar su rechazo al texto. Es el caso de Más Plurales, que representa principalmente a la enseñanza concertada y que ha registrado este martes en el Congreso varios escritos dirigidos a la presidenta de la Cámara Baja y a los grupos parlamentarios para solicitar la paralización de la ley Celaá porque "atenta contra la pluralidad" del sistema educativo y cercena la "libertad de elección de centro".

"Estamos ante un proyecto de ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática", ha argumentado en una nota la plataforma, que ve en la Lomloe un "grave perjuicio" para los centros concertados y de Educación Especial.

También los diputados del PP se unieron a la protesta este miércoles al lucir un lazo naranja en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La reivindicación fue compartida por múltiples plataformas educativas y colegios concertados de todo el país.

Al tratarse de una ley orgánica, la Lomloe requiere la mayoría absoluta para ser aprobada. Si sale adelante, el proyecto será remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. En caso de que la Cámara Alta no enmiende ni vete el proyecto, la reforma tendría luz verde y quedaría lista para publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero, si se modifica el texto, volvería a debatirse en el Congreso, para decidir si se mantienen o revocan los cambios.

Antes de su paso por el Congreso este jueves, los 25 puntos clave de la ley son estos: