Todos hemos podido ver como el gobierno Zapatero ha hecho un uso continuo de la justicia en beneficio propio. Este uso ha sido cada vez más grave y más descarado, llegando en el día de ayer a un nivel muy difícil de superar, por su gravedad y la impunidad con la que se intenta perpetrar, ya que estamos ante un escándalo de las dimensiones del GAL, y curiosamente al frente de interior esta Rubalcaba.

Desde hace ya demasiado tiempo, algunos medios de comunicación e infinidad de blogs, llevamos pidiendo que se explique porque dormía el sueño de los difuntos en el cajón de Garzón el caso del chivatazo a ETA. Chivatazo que fue perpetrado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y parece ser que por orden del ex comisario Fernando Mariscal, en ese momento, jefe de seguridad del PSOE.

Cabe destacar en este caso, que Garzón recién incorporado y apropiándose del caso de Grande Marlaska, dictó un auto en octubre de 2006 y nada más hacerse cargo del caso, para liberar de cualquier atisbo de sospecha al ex comisario Fernando Mariscal, lo que resulta más que sospechoso, sabiendo que después no se ha hecho absolutamente nada, ni tampoco se ha levantado el secreto del sumario.

La gota que ya colma el vaso, es que ahora la Fiscalía General del Estado, a la que llamaremos a partir de hoy Fiscalía General del Gobierno Zapatero, pide el sobreseimiento provisional del caso, en un proceso en el que hay unas grabaciones de voz en la que se detecta el chivatazo, y como no los números de teléfono desde los que se fragua el mismo, siendo lo más sencillo del mundo saber a quienes pertenecen los teléfonos, ya que se trata de teléfonos oficiales.

En concreto el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava. Información que podéis consultar al detalle aquí.

Quien no quiera ver la utilización de la fiscalía tiene un problema y gordo, pero es descarada la manera de actuar de la Fiscalía, que sistemáticamente pide el archivo de todos los casos que conciernen al PSOE, (siendo este el más grave), y a la vez pide que se reabra el proceso contra Camps, en el que se le imputaron el pago con unos trajes y quedo archivado. También hace pensar que esta noticia suceda un día después de que Intereconomía anunciase que fuentes legales consultadas veían que Garzón podía ser imputado por prevaricación en este caso.

En el siguiente video veréis lo que opina el PP al respecto de boca de Gonzalez Pons, que espero que actúe con toda la contundencia que anuncia.