Diputación de Granada inicia el proceso administrativo para los pagos de las obras necesarias

Los municipios afectados por daños originados por el temporal en infraestructuras y equipamientos municipales podrán comenzar a gestionar a partir de hoy las subvenciones para acometer obras de mejora y reparación a cargo del Plan extraordinario de Inversiones del Gobierno de la Nación puesto en marcha por el Ministerio de Política Territorial.

Así lo han explicado esta mañana el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler y el Vicepresidente IV y diputado de Obras y Servicios, José Entrena a los alcaldes de los ayuntamientos afectados.

En el marco de esta convocatoria de ayudas la Diputación de Granada aprobó en el pleno extraordinario del 20 de julio un paquete de inversiones extraordinarias, por importe de 23.017.208, 67 € de los cuales 9.074.086, 60 € corresponden a actuaciones de la Diputación en la red viaria provincial y 13.943.122, 07 € corresponden a actuaciones municipales de reposición de infraestructuras locales dañadas.

En todas las obras habrá una cofinanciación del Gobierno de la Nación del 43 %, lo cual supone una aportación del Estado de 9.995.837, 95 € , y el resto será cofinanciado por la Diputación (5.133.421, 97 € ) y los Ayuntamientos (7.887.948, 75 € ).

En lo que se refiere a los Ayuntamientos, se van a ejecutar un total de 330 actuaciones en 83 municipios de la provincia. Por parte de la Diputación se van a acometer un total de 75 actuaciones en las carreteras provinciales. En total 405 actuaciones en el conjunto de la provincia.

Entrena también ha especificado a los responsables municipales la documentación que deberán aportar para el pago de la subvención de los daños que deberán quedar totalmente terminadas en el plazo de un año a contar desde la fecha del libramiento de la subvención (17 de agosto de 2010).

El Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Política Territorial prevé ayudas de hasta el 50% para reparar los daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales y de hasta el 100% para garantizar la prestación de los servicios básicos.