Expertos avisan que la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno no cumplirá con el Convenio del Consejo de Europa

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prepara el Gobierno tiene "graves defectos" y no será suficiente para que España ratifique el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, según ha denunciado Access Info, una de las 40 entidades y ONG de la llamada Coalición Proacceso, que llevan años reclamando una ley de transparencia en España.

El principal problema detectado es que la ley, que obligará al Estado a facilitar a los ciudadanos la información pública que soliciten se aplicará sólo a la Administración, y no al Poder Legislativo (Cortes Generales y parlamentos autonómicos) ni al Judicial, de manera que quedan excluidos los tribunales, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Tampoco están en la media europea los plazos previstos ya que, según el borrador de la futura ley, el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para responder a las peticiones de información de los ciudadanos, con la posibilidad de extenderlo otros 30. Según Access Info, el promedio europeo es de 15 días.

En la misma línea, estos expertos lamentan que el ciudadano sólo tenga 10 días para recurrir el silencio administrativo y que no pueda recurrir ante el mismo órgano que le denegó la información, "a pesar de ser éste un requisito del Consejo de Europa".

Según el borrador español, los recursos los resolverá la Agencia de Protección de Datos (rebautizada con el añadido de "y Acceso a la Información), lo que será motivo de "sobrecarga" para este órgano. Y además, si al cabo de dos meses este órgano no responde el silencio administrativo se entenderá como negativo.

Otro "grave defecto", según Access Info, es que el derecho de acceso a la información no se consagra como derecho fundamental y que lo que se define como "información pública", la que pueden reclamar los ciudadanos, es "muy limitada".

Según el borrador, no habrá derecho de acceso a "notas, borradores, opiniones, resúmenes y comunicaciones internas" lo que, a juicio de los expertos, sería "de mucho interés para el proceso de participación pública". Tampoco se podrá acceder a secretos oficiales, información de los archivos históricos, información destinada a reutilización comercial y registros, incluido el de la propiedad y el de sociedades, "fuentes de información esenciales para la lucha contra la corrupción", subrayan.

"España está fracasando en su intento por romper con una larga tradición de secretismo burocrático con un anteproyecto que excluye demasiada información", ha declarado la directora ejecutiva de la entidad, Helen Darbishire.

Esta organización denuncia falta de transparencia del Gobierno en la elaboración de la ley y ha decidido publicar en su web una copia "filtrada" del borrador, a modo de "consulta pública" para que los ciudadanos hagan sus aportaciones y enviárselas después al Ministerio de la Presidencia, donde se está redactando el proyecto.

No obstante, reconoce que la ley tiene aspectos positivos, como el hecho de que cualquier pueda solicitar información sin tener que dar un motivo, y que, en cambio, sean los poderes públicos los que tengan que motivar sus denegaciones.

HABR? PUBLICACIONES PARCIALES

Además, valora que las excepciones a la ley sean "limitadas" y están "sujetas a un test de perjuicio y de interés público", de manera que habrá publicaciones parciales de las que se excluyan los aspectos clasificados.

En el lado positivo está también el que acceder a la información 'in situ' será gratuito y que su único coste será el de reproducción, así como la obligación de que la Administración publique de manera activa información en sus páginas web (aunque sea limitada) y el que la Agencia de Protección de Datos vaya a supervisar el derecho.

Según el borrador del anteproyecto de ley, el derecho a acceder a la información podrá limitarse si la información afecta a la seguridad nacional y la defensa, las relaciones exteriores o la seguridad pública; la investigación o sanción de infracciones, los "intereses públicos económicos y comerciales", la tutela judicial efectiva, la garantía de confidencialidad en la toma de decisiones, la vida privada o los derechos constitucionales como el secreto profesional y el derecho a la propiedad intelectual e industrial.

Se rechazarán también las peticiones que se consideren "abusivas" por su carácter "irrazonable o repetitivo", o las que afecten a datos "íntimos" como "ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad". Y, en todo caso, cuando la petición afecte a otros datos personales se ponderará su protección frente al interés público de divulgar la información.

A pesar de que todas las leyes no relacionadas con la crisis económica han sufrido retrasos, el Gobierno mantiene su plan de aprobar un primer anteproyecto --para enviarlo a los órganos consultivos-- antes de que termine el año.