FACUA pide al Gobierno que abra investigación a Spanair por vender billetes horas antes de cesar su actividad

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido este viernes al Gobierno que abra una investigación a Spanair por vender billetes hasta unas horas antes de anunciar que dejará de volar a partir de esta noche, el último vuelo aterrizará a las 22.00 horas, y poner fin a su operativa.

En un comunicado, FACUA ha censurado además la "inaceptable" actitud del Ministerio de Fomento al crear un comité de coordinación y seguimiento para garantizar los derechos de los pasajeros "sin dar cabida en él a las asociaciones de consumidores".

Por ello, ha reclamado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que convoque a "una reunión de urgencia" a las asociaciones de consumidores representativas y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para informarles de la situación y las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo.

La asociación de consumidores ha exigido igualmente "transparencia" a la compañía aérea y ha reclamado al Gobierno que emprenda las medidas necesarias "para garantizar los derechos de los pasajeros en función de cómo evolucione su situación y la información que esté facilitando sobre la misma".

Igualmente, ha denunciado que la aerolínea, participada por la Generalitat de Catalunya, ha desmantelado su página web y paralizado su perfil en Twitter "en lugar de utilizar estas vías para informar a los pasajeros" mientras que el teléfono de atención al cliente (900.13.14.15) "está saturado".

Finalmente, ha recordado a los pasajeros que tienen derecho a que Spanair les reubique en otros vuelos o facilite medios de transporte alternativos salvo que opten por que les devuelva el importe íntegro de sus billetes, además de prestarles la asistencia necesaria con comida, bebida y alojamiento durante la espera.

Asimismo, ha incidido en que si no son llevados a su destino o el transporte alternativo llega con un retraso superior a las tres horas con respecto a la hora prevista en el billete de Spanair, la compañía debe abonar a los usuarios las compensaciones de entre 125 y 600 euros, en función del tipo de vuelo cancelado o establecidas en el Reglamento europeo que regula el sector.