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La familia de Pinochet: "El auto es una arbitrariedad política"

30/11/2009 23:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El nieto del dictador chileno Augusto Pinochet, Rodrigo García Pinochet, consideró este lunes que el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que impone a la viuda, Lucía Hiriarte, una fianza solidaria de más de 51 millones de euros para indemnizar a las víctimas del dictador responde a "una arbitrariedad política" de un juez "cuestionado por prevaricación en España".

"A nuestro parecer la resolución se basa en hechos que no son correctos, no hay sustento alguno veraz y solamente le damos explicación a una manipulación política y a una persecución política", aclaró el nieto de Pinochet en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado si la familia tiene intención de pagar dicha fianza.

Garzón, quien solicitó en 1998 la extradición de Pinochet al Gobierno británico para juzgarle en España, ha solicitado el pago de una fianza solidaria de 77.348.374 dólares (51.441.746 euros) a la viuda, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen, tras imputarles un delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se desprende de un auto fechado el 26 de octubre y hecho público hoy.

Sin embargo, García Pinochet, que se presenta a las elecciones parlamentarias del próximo 13 de diciembre en Chile, recalcó que el auto del juez Garzón "es una medida arbitraria que no tiene ningún sustento empírico ni verídico ni veraz" y está patrocinada "por la Fundación española de Salvador Allende".

García Pinochet subrayó que el juez español está "claramente" influido debido a "su tendencia política y la actual animadversión que ha tenido en contra de mi abuelo".

En este sentido, defendió que el magistrado chileno que investiga el origen de la fortuna de Pinochet en Chile, Manuel Valderrama, "hoy ha declarado a la prensa local que él no maneja ninguna información ni en la causa hay ningún indicio con respecto a la acusación del juez Garzón" y ha confirmado que "tampoco ha recibido ninguna solicitud de la misma persona".

Por su parte, el juez Valderrama aseguró este lunes que no existe hasta ahora ningún indicio de que su familia haya lavado activos. "En cuanto al lavado de dinero, no hay ningún indicio todavía de que se haya producido ese ilícito", aseguró. "Lo que se ha visto hasta ahora, ha sido el tema de malversación. La orientación va para esa línea", precisó el magistrado al diario 'La Segunda'.

"Creemos que aquí hay que respetar primero que nada la jurisdicción de nuestros tribunales y no de un juez que, por lo demás, está cuestionado por prevaricación en España. No le aceptamos ningunas competencias a las gestiones de Garzón", precisó el nieto de Pinochet.

Preguntado si la familia Pinochet estaría dispuesta a responder a las peticiones incluidas en el auto de Garzón si éste eleva una petición formal a las autoridades judiciales chilenas, García Pinochet aseguró que, en este caso, "serán los tribunales chilenos quien van a determinar aquello".

Garzón concedió a los imputados un plazo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza con el objetivo de "garantizar las responsabilidades pecunarias a que hubiere lugar" durante el proceso. De no hacerlo, el juez amenazaba con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351 euros, casi 100 millones de dólares.

En su auto, Garzón cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.

Garzón ha adoptado esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el denominado 'Plan Cóndor'.

En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.

"IMPORTANTÍSIMAS CANTIDADES DE DINERO"

No obstante, la Fundación presentó el 4 de abril de 2007 una segunda ampliación de querella contra el gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo, el responsable de la institución en Nueva York, Hernán Donoso, y otros cuatro responsables de la entidad bancaria y de dos de sus filiales de bolsa y fondos de inversión. La Fiscalía dio el visto en junio pasado a esta ampliación, aunque solo por el delito de blanqueo de capitales.

Garzón resolvió esta petición en agosto pasado, admitiendo la ampliación de la querella pero sin identificar a los responsables concretos contra los que se dirigía la acción penal, ya que, según explicaba, de la documentación aportada por los querellantes no se desprendía "la concreta participación de cada uno en los hechos delictivos investigados".

El magistrado destacaba, en todo caso, que parece claro que "la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo", fue consecuencia de unas "maniobras" realizadas a través de la entidad bancaria que "concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito".


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