En vez de hacer lectura de las causas que ocasionaron la actual "eutanasia urbanística", no entraron en el fondo de la cuestión, renunciando así a la necesaria catarsis que con carácter ineludible tendría de afrontarse políticamente para afianzar con solvencia un modelo urbanístico de futuro, formulado acorde a la realidad del momento, y por lo tanto, diametralmente divergente con el estereotipo del urbanismo de épocas pretéritas, resultando tal actitud además de un error de estrategia, una sordidez política, por lo que difícilmente se puede hablar de cambios y progreso en la esfera municipal cuando institucionalmente se mantiene vigente el modelo urbanístico activador de la debacle

El principal objetivo del planeamiento urbanístico debiera estar dirigido a construir ciudades más bellas, habitables y respetuosas con su hábitat natural, que nunca a desregular en sentido opuesto para favorecer con ello la corrupción, un mal endémico que agrupa los casos de abuso de poder de los cargos públicos que incumplen las normas urbanísticas con el objeto de obtener un enriquecimiento ilícito o favorecer intereses espurios, utilizando para tal finalidad la injerencia política sin considerar a efecto alguno el ordenamiento jurídico ni los informes técnicos con la pretensión de establecer el “urbanismo a la carta” como regla de juego .

Las declaraciones de intenciones de nuestros políticos locales en favor de un urbanismo racional y de cumplimiento de las normas establecidas suelen tener mero valor testimonial, por cuanto en gran medida sigue imperando el amiguismo y el mirar para otro lado, o lo que es peor son los propios munícipes quienes incurren en la vulneración del ordenamiento urbanístico para favorecer a allegados y familiares de su propia órbita política

De ahí que aún cuando la Administración debiera servir con objetividad a los intereses generales, y pleno sometimiento a la ley y al derecho, suele ocurrir que por desacato de los cargos políticos con esta disciplina se dicten resoluciones administrativas de contenido arbitrario a sabiendas que tales conductas superan la mera contradicción con el Derecho para convertirse en un ataque consciente y grave contra los intereses que precisamente las normas infringidas pretendían proteger.

Comportamientos que sobrepasan el marco de la mera ilegalidad, para transmutarse en delito de prevaricación administrativa, al menos eso es lo que ocurre cuando confluye un contenido manifiestamente arbitrario, y contrastada carga de «injusticia », lo que de producirse lleva implícito la pena de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público y la limitación del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años

Demasiados caraduras ocupando el prestigio que otros pudieran darle a los cargos políticos, hasta el extremo que a uno le da miedo cada vez que mira la operativa de una Junta de Gobierno o un pleno Municipal al observar que los “personajes” que conforman esos órganos institucionales han conseguido poner en duda la propia honorabilidad del cargo que ocupan y la razón política de pertenencia, pues su carencia de ecuanimidad trae consigo, la arrogancia, la prepotencia, la sinrazón y muy asiduamente la corrupción.

No debemos conceder más prórroga a quienes agotaron la confianza de los ciudadanos, a quienes aprovecharon la función política para satisfacer sus propias conveniencias

En este asco de Ayuntamiento, cuando la mayoría del sector político rebosa empacho hablando de higiene institucional, no piense nadie que sus miembros lo hacen con el objeto de destapar transparencia a su gestión, todo lo contrario, lo maquinan con la intención expresa de enmascarar la impureza que ocultan tras su turbio proceder

El retrato de la actualidad política no puede ser más desolador, pero a pesar de eso y del empeño de los elementos causantes de la situación, hemos de afirmar que la corrupción no es inevitable.

Se puede limitar, se debe controlar, se ha de erradicar; y esto tiene que ser así, si estamos dispuestos a salvar la democracia como capital irrenunciable en atribución al hecho que nos otorga ser los dueños de nuestro destino.

Por tanto, no debemos conceder más prórroga a quienes agotaron la confianza de los ciudadanos, a quienes aprovecharon la función política para satisfacer sus propias conveniencias.

Nosotros, la sociedad civil, tenemos la llave para impulsar el cambio necesario, y también la responsabilidad de exigir el desalojo de la actividad política de quien perdió toda confianza para el desempeño de sus funciones y a quién extravió el esencial código de conducta que requiere la dedicación a la cosa pública.

La ciudadanía no debe estar expuesta al contagio que produce la inhalación de la nauseabunda inmundicia política.