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La Fiscalía defenderá mañana el ingreso de De Santos en prisión preventiva tras ser condenado por abusos a menores

11/11/2009 16:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Fiscalía defenderá mañana su petición de ingreso en prisión provisional para el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ante la elevada pena de cárcel a la que fue condenado a finales de octubre por abusos sexuales a menores -13, 5 años-, a la que se suman los dos años de privación de libertad que recaen sobre el ex edil por un delito de malversación de caudales públicos.

Durante la vista que se celebrará mañana a partir de las 12.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, el fiscal José Díaz Cappa argumentará los motivos de su petición tras presentar el pasado jueves un escrito donde solicita el ingreso, basándose en la posibilidad de que De Santos pudiese sustraerse de la acción de la justicia, extremo que rechaza de plano la defensa del inculpado, que deberá estar presente en la vista de prisión.

Tal y como avanzó en declaraciones a Europa Press, el letrado de De Santos, José Ignacio Herrero, alegará durante el acto que su patrocinado no tiene "ninguna intención de fugarse" ni de eludir la justicia, por lo que consideró que la petición de la acusación pública es una medida "absolutamente innecesaria".

Asimismo, el abogado defenderá que el ex regidor ha asistido a todas las comparecencias judiciales en las que ha sido requerido y ha atendido todos los llamamientos "a sabiendas de lo que se pedía contra él".

En esta misma línea se expresó hoy el hermano de De Santos -ambos acudieron a los Juzgados de Vía Alemania para ratificar una denuncia por presuntas irregularidades en los dos procedimientos-, al confiar en que el tribunal de la Sección Segunda decrete su libertad al justificar después de que ya le impusiera una fianza de 100.000 euros que tras ser depositada permitió al ex concejal abandonar el centro penitenciario de Palma, donde estuvo ingresado de forma preventiva entre el 27 de junio de 2008 y el 30 de marzo de 2009, cuando este caso se encontraba en proceso de instrucción.

Herrero señaló además que la sentencia por abusos sexuales a menores le será mañana notificada a De Santos, por lo que será a partir de entonces cuando arranque el plazo de cinco días de los que dispone para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que el letrado pretende interponer contra esta resolución. Precisamente, la Fiscalía también pedirá prisión preventiva debido al tiempo que transcurrirá, previsiblemente alrededor de un año, hasta que el Alto Tribunal resuelva el recurso.

LA DEFENSA YA PIDI? SU EXCARCELACIÓN

Cabe recordar que cuando de Santos se encontraba en prisión preventiva, su asistente legal solicitó su excarcelación alegando alegando la inexistencia de riesgo de fuga debido a su arraigo familiar en Mallorca y al tratamiento contra la drogadicción al que está sometido.

A raíz de esta petición, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le impuso una fianza de 100.000 euros que le permitió salir de prisión tras abonarla. El auto del tribunal también determinó la retirada del pasaporte para que el ex edil no pueda abandonar el territorio nacional, así como la prohibición de abandonar el tratamiento de desintoxicación.

En concreto, la pena impuesta por el tribunal de la Sección Segunda por los abusos a menores supone una rebaja de 10 años y seis meses en relación a los 24 años que solicitaba el fiscal, quien consideraba que De Santos incurrió en cuatro delitos de abuso sexual (19 años y nueve meses de prisión), uno de corrupción de menores (nueve meses de cárcel) y otro contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (tres años y medio de privación de libertad y multa de 120 euros).

De Santos está imputado en otro procedimiento por supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del castillo de juegos infantiles de Sa Riera, aún en fase de instrucción, mientras que recientemente fue condenado a dos años de privación de libertad por la malversación de fondos públicos mediante una tarjeta municipal en clubes de alterne masculinos..


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