La Fiscalía de Barcelona investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones. Así lo afirma este lunes La Vanguardia, que indica que la investigación se abrió a partir de la denuncia de la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución.

La investigación judicial está en marcha por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y también implica a antiguos miembros del gobierno municipal de BComú, como el exteniente de alcalde Gerardo Pisarello o la exregidora Gala Pin.

Se investigan las subvenciones públicas otorgadas al Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF), en las que tanto Colau como el resto de señalados "han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos". La cuantía de estas subvenciones ascendería en conjunto a 3.433.621 euros, de estos, 1.201.892, 66 euros para el Observatorio DESC y 645.692, 65 euros para Ingenieros sin Fronteras.

La denuncia informa de la constancia de "patrones, presuntamente delictivos, prolongados en el tiempo, y de los que puede inferirse la presunta vía irregular de financiación de una fuerza política al margen de la normativa estatal sobre financiación de partidos políticos".

El portavoz de la asociación demandante, Manuel Miro, afirma que "es destacable que Colau trabajó para DESC como coordinadora en materia de vivienda desde 2007 hasta semanas antes de llegar a la Alcaldía, al igual que colaboró el exteniente de alcalde, Gerardo Pisarello, que fue vicepresidente del Observatorio durante siete años, y que dejó su cargo en DESC meses antes de llegar a la alcaldía; la exconcejal Gala Pin, empleada por DESC y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en los años anteriores a su llegada al Ayuntamiento, y Vanesa Valiño, asesora municipal de Vivienda y pareja sentimental del diputado Gerardo Pisarello".

También se implica a la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades. Lo mismo que la teniente de alcalde Laia Ortiz y a la concejal Laura Pérez.

El escrito recoge la concesión de subvenciones extraordinarias que, al parecer de los denunciantes, "son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria", y que presuntamente se usaron para esquivar una licitación abierta o un concurso para concederlas.

Presuntamente "se trata de una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública" justificándolo como una subvención excepcional, según la denuncia.

"Solo cabe interpretarlo, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva de otras entidades y la libre licitación", lo que, en palabras de los denunciantes, sería presuntamente una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho Colau como alcaldesa.