La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a investigar a Carles Puigdemont, los cuatro exconsellers huidos en Bélgica, el abogado que coordina su defensa, la jueza que estudia la demanda civil interpuesta contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el 1-O, así como la traductora de ese texto.

El Ministerio Público rechaza admitir a trámite la querella presentada por Vox, que ejerce de acusación en la causa abierta por el procés, que reclamó a la Audiencia Nacional que investigara a todos ellos por los delitos de prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental. A esa querella se sumó después u n grupo de abogados españoles agrupados en la Asociación Movimiento24DOS. Tras analizar el contenido de sendas querellas, la Fiscalía estima que la jurisdicción española "no es competente para conocer los hechos" y también considera que "no concurren los elementos de los delitos indicados".

A juicio de Vox y de la Asociación Movimiento24DOS , la demanda civil que Puigdemont y sus exconsellers interpusieron contra Llarena es "fraudulenta y falsaria" y constituye "un claro ejemplo de maniobra procesal torticera" contra la causa del 1 de octubre. Tiene, añadían, "espurias finalidades políticas y el fin de quebrantar la jurisdicción española", así como "amedrentar" al instructor de la causa en el Tribunal Supremo y "perjudicar el desarrollo" de caso.

Puigdemont denunció la forma en que el juez Llarena está realizado la investigación. En concreto, afirmó que su instrucción "vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia".