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La Fiscalía pide 21 años de prisión para el consejero balear del PP

23/05/2011 14:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Fiscalía Anticorrupción solicita, en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex consejero balear de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Sin embargo, Cardona no será el único ex alto cargo del PP que se sentará en el banquillo de los acusados en el marco del caso Scala ya que el Ministerio Público pide asimismo 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del CDEIB, Antonia Ordinas. La acusación se dirige también contra otros 16 inculpados que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama.

En concreto, la Fiscalía acusa a los tres principales encausados de cometer los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Y es que la acusación pública achaca a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos.

Tal y como ya detallaba la Fiscalía al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relataba el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Consejería y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.

"ROBO SISTEMÁTICO" MEDIANTE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE EMPRESAS

Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4, 8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex consejero, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

RESTO DE IMPUTADOS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA FISCALÍA

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía solicita penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.


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