La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano entiende que ni Camps ni otros altos cargos del Gobierno valenciano incurrieron en un delito de cohecho por aceptar supuestamente trajes de los principales implicados en la trama, y que no hay relación entre estos regalos y la adjudicación de contratos en la Comunidad Valenciana.

"No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos que decidieron la contratación a la empresa Orange Market", señala el tribunal en un auto.

El tribunal valenciano estimó así las apelaciones de Camps y del resto de los imputados: el secretario general de los populares en Valencia y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex consejero regional Víctor Camps y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación valenciana, Rafael Betoret.

Horas después de conocerse la decisión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en Costa Rica que la Fiscalía General del Estado, a través de Anticorrupción, presentará mañana un recurso ante el alto tribunal.

"Tras realizar un examen jurídico de los argumentos empleados en el auto, la Fiscalía entiende que son contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además de improcedentes jurídicamente", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Los imputados estaban acusados de encargar varios trajes en tiendas madrileñas por indicación de uno de los principales imputados, Álvaro Pérez - que concurría a los concursos para la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, y luego los obtuvo - y de aceptarlos sin pagar su importe.

Pérez - apodado "El bigotes" - es el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events, una empresa dirigida por Francisco Correa, que junto con Pablo Crespo y Antoine Sánchez son los tres acusados que permanecen en prisión.