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Garzón rechaza excarcelar a Prenafeta y Alavedra por su avanzada edad

23/11/2009 15:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) Maci? Alavedra y Lluís Prenafeta, imputados en la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria, que había sido solicitada por sus abogados defensores dada la avanzada edad de ambos, más de 70 años, y el escaso riesgo de destrucción pruebas, informaron fuentes jurídicas. El magistrado resolverá en los próximos días sobre otra petición de su defensa relativa al acercamiento de ambos a una prisión de Cataluña.

La decisión sobre estos imputados estaba pendiente de resolver desde el pasado día 16, cuando la Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la puesta en libertad de ambos imputados, que alegaban precisar atención farmacológica específica.

El Ministerio Público objetó que esta causa no justificaría una excarcelación, por lo que, de no resolver en su favor la Sala, ante la que están pendientes los recursos contra el auto de prisión, los dos ex altos cargos seguirán en prisión imputados de los delitos de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Los dos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC), el ex concejal de urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco, y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.

Según el auto dictado por Garzón contra todos ellos, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de LLavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44, 7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Pretoria', lo que según Garzón justifica la medida de prisión provisional para ell presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otros cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.

Los nueve imputados hasta el momento -pues no se descartan nuevas acusaciones en los próximos días, según las mismas fuentes-, formaban "un grupo organizado de personas" dirigido por Luis García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.

ACTIVIDAD DE LA TRAMA.

La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán", según apunta Garzón, quien ha investigado la 'Operación Pallaresa' de Santa Coloma, concerniente al Centre Comercial Gramenet (2001-2005), la 'Operación Badalona' (2002-2004) y las tres actuaciones desarrolladas por la empresa 'Niesma' en San Andreu de Llavaneras.

Además, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma, como el Parking y el Mercado del Fondo, Moraguas y Banús, la CIBA, la operación de Doctor Ferrán y varios proyectos de guarderías --todos ellos desarrollados a través de las actividades de la empresa pública Gramepark--, así como la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.

El juez también puso en libertad bajo fianza al director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (tras el abono de una fianza de 25.000 euros); y a los tres empresarios detenidos: el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana (con fianza de 500.000 euros); el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros).

CONCURSOS AMAÑADOS

En todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".

Para asegurar la efectividad de la acción, la empresa adjudicataria "nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés".

"La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio", detalla Garzón, quien añade que seguidamente a la recalificación "el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación". De esta forma, todo el beneficio "quedaba en poder de los intermediarios" en operaciones "sin lógica comercial alguna".

REPARTO DE COMISIONES

Según el auto que dictó Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.

Así, Espais y Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM) pagaron a Poliafers (sociedad de Prenafeta) 1, 4 millones de euros y éste entregó a Versabitur (empresa de Alavedra) 487.500 euros en 2005, cantidad muy superior a la que le correspondía (25.907 euros) por su participación a través de Promogroup Deu. Mediante esta empresa Alavedra habría recibido 1, 2 millones de euros.


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