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El Gobierno acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de El Cabanyal

29/01/2010 17:16 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló hoy que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo valenciano sobre medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.

El Consell aprobó este documento tras emitirse la orden del Ministerio de Cultura que considera que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar supone expolio y ordena su paralización. El Decreto-Ley del Gobierno valenciano avala esta actuación urbanística y garantiza la protección del entorno protegido de este barrio valenciano.

De la Vega realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Destacó que el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 1/2010 de la Comunitat Valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que respalda el desarrollo del PEPRI de El Cabanyal, solicitando además su suspensión.

El Gobierno central entiende que este Decreto-Ley menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado. Además, estima que no justifica la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución en estos casos. Igualmente, esta normativa convalida una actuación administrativa anterior -el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)- con carácter retroactivo, por lo que se considera que infringe, asimismo, las exigencias de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, proporción exigidos constitucionalmente.

La Generalitat aprobó el Decreto-Ley 1/2010 que se justifica en la competencia que le atribuye su Estatuto de Autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución Española al respecto.


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