El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de poner fin a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy y que limita a seis meses la instrucción de los sumarios judiciales salvo que los jueces las declaren causas especiales para obtener prórrogas.

"La necesidad de una justicia ágil no puede precipitar la instrucción de las causas como antesala de la impunidad", ha dicho desde la tribuna el líder del Ejecutivo, para dar cumplimiento a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales.

La reforma para acortar los plazos de la instrucción judicial fue acometida por el exministro Rafael Catalá a finales de 2015 y ha recibido un amplio rechazo en el sector de la Justicia donde los distintos actores se han quejado de que sin dotar a los juzgados de más medios es imposible cerrar los sumarios en medio año.

El Consejo Fiscal, donde está representada toda la carrera, emitió un comunicado certificando el fracaso de la reforma cuando estaba a punto de expirar el primer plazo durante el verano de 2016. La práctica generalizada durante estos años en los juzgados fue declarar complejas miles de causas para evitar que se cerrasen en falso. Ahora, Sánchez, cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo campaña con la Unión Progresista de Fiscales, para oponerse a los cambios de Catalá, anuncia su intención de derogar ese cambio.