La demarcación de las tierras indígenas de Brasil está reconocida en la Constitución de 1988 como un deber del estado para con los pueblos indígenas. Pero este derecho empieza a tambalearse ya que el gobierno de Temer quiere hacer valer los intereses de la agroindustria, la minería y el sector energético de Brasil.

Cuando todavía coleaban diversos intentos legislativos para obstruir la demarcación de estos territorios, el Ministerio de Justicia publicó la semana pasada otra perla burocrática con el claro objetivo de torpedear el proceso de demarcación de estos territorios para eliminar obstáculos para la expansión del mercado de materias primas y la política de infraestructuras.

Publicado inicialmente el 19 de enero como Ordenanza 68 y reeditado al día siguiente como el Decreto 80, esta ordenanza ha sido y continúa siendo fuertemente criticada por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, expertos e incluso por los fiscales federales, que califican la ordenanza como inconstitucional e ilegal.

En su primera versión, la Orden llegó al absurdo al mantener una interpretación contraria a la misma Constitución, en la que se podía interpretar que los pueblos indígenas pueden y deben recibir una compensación por sus tierras, territorios y recursos sustraídos a través de la apropiación de tierras o por la acción del estado. Esta interpretación de la Constitución convierte en nulos y extintos, y no produce efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, dominación y posesión de las tierras indígenas.