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El Gobierno canario cree "malintencionado" insinuar que concursos eólicos pueden dar lugar a indemnizaciones millonarias

14/10/2009 16:55 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Gobierno de Canarias afirmó hoy que "insinuar que los concursos eólicos en el archipiélago pueden dar lugar a indemnizaciones millonarias es una interpretación sesgada y malintencionada de la legislación".

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias sale, así, en un comunicado al paso de las repetidas manifestaciones acerca de posibles contradicciones entre distintos departamentos del Ejecutivo regional y las afirmaciones de que podrían dar lugar a indemnizaciones millonarias a cuenta de la adjudicación de potencia eólica en las islas.

De esta forma, la citada Consejería insiste en que ha orientado todo el proceso de adjudicación de la potencia eólica en las islas a dotar a los concursos de las máximas garantías legales posibles. De hecho, argumenta que "la mayor parte de las dilaciones durante todo el proceso de adjudicación se deben al seguimiento de forma escrupulosa de la legalidad vigente y al proceso de consultas permanentes establecido para los promotores, con el fin de que estos contasen con la máxima información durante todo el proceso".

Por este motivo, estima que "no se puede considerar sino como una interpretación sesgada y malintencionada la afirmación de que la mayoría de los parques adjudicados serán imposibles de construir, por vulnerar el artículo 4 de la Ley de Medidas Urgentes". Recuerda que dicho artículo se incluyó en el texto legal como una vía para mejorar las rentas agrarias, permitiendo a los propietarios de los terrenos en explotación destinar el 10 por ciento de su superficie a la instalación de energías renovables, hasta un máximo de 1, 5 megavatios.

"SACAR RÉDITO POLÍTICO"

"Sólo el deseo de entorpecer el desarrollo energético de Canarias o de crear incertidumbre sobre las actuaciones de esta Consejería, para sacar rédito político, pueden motivar la interpretación de este artículo como una limitación", añade la Consejería de Empleo, que indica que "cualquier persona con un mínimo conocimiento de leyes, se habría leído el texto completo y habría observado que el mencionado artículo no puede aplicarse a los grandes parques de producción de energía eólica, puesto que las grandes explotaciones eólicas son consideradas de interés público y por tanto quedan reguladas por el artículo 62 de dicha ley, que define los llamados proyectos de actuación territorial".

El Gobierno señala que este artículo establece, textualmente, que: "Los Proyectos de Actuación Territorial son instrumentos que permiten con carácter excepcional, y por razón de interés público o social, la previsión y realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de equipamiento, o de actividades industriales, energéticas o turísticas que hayan de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el suelo urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviere específicamente prohibida por el planeamiento."

Añade que "en las últimas 24 horas también se ha podido escuchar la comparación de los concursos eólicos con casos que han dado lugar a la imposición de indemnizaciones millonarias contra la Comunidad Autónoma". "Se ha afirmado que la concesión de la potencia eólica en los concursos daría lugar a cuantiosas indemnizaciones, cuando los promotores no pudiesen instalar los parques por haber elegido suelo que no cuenta con los requisitos legales necesarios para hacerlo", agrega.

"SEMBRAR DUDAS"

De nuevo, la administración regional entiende que "se vuelve a intentar crear la duda sobre las actuaciones del Gobierno de Canarias, con argumentos falaces y fácilmente rebatibles". De hecho, recuerda que en las propias órdenes de adjudicación de potencia se especifica que dicha adjudicación no exime de la obtención del resto de los permisos necesarios.

Entre los criterios figura que "la instalación de los parques eólicos estará sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ecológico que, en su caso, le fuera de aplicación e, igualmente, estará sujeta a licencia urbanística y a cualesquiera autorizaciones que le sea de aplicación según el marco normativo vigente".

En consecuencia, la asignación de potencia se hace tan sólo respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por lo que la instalación de los parques eólicos precisará, además, de otras autorizaciones preceptivas que determine el ordenamiento jurídico, en especial, la normativa vigente en materia de ordenación del territorio".

Por todo ello, el Ejecutivo subraya que "es fácil deducir que la única posibilidad para no autorizar la instalación de un parque eólico es que se proyectase en un suelo expresamente prohibido para este fin".

"En cuyo caso no cabría lugar a indemnizaciones, o que las autoridades locales denieguen las licencias pertinentes, por razones de las que sólo ellas son responsables y que sólo ellas tendrán que explicar, por mucho que desde algunas se intente sembrar la duda sobre las actuaciones de esta Consejería, para no tener que justificar su fracaso en la elaboración de proyectos adecuados para ganar el concurso de adjudicación de potencia", concluye.


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