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La publicidad destinada por el Gobierno federal en cuatro años hubiera podido cubrir, por ejemplo, el 80 por ciento de la inversión inicial de una de las obras insignes de este sexenito, el tren interurbano México-Toluca
En sus primeros cuatro años, el Presidente Enrique Peña Nieto destinó 34 mil 109 millones de pesos a publicidad oficial. La organización internacional Artículo 19 resaltó en su último informe que estos fondos son utilizados como método de manipulación y censura.
La publicidad destinada por el Gobierno federal en cuatro años hubiera podido cubrir, por ejemplo, el 80 por ciento de la inversión inicial de una de las obras insignes de este sexenito, el tren interurbano México-Toluca.
“Es una cantidad de dinero impresionante que podría haberse destinando para temas de salud, educativos, incluso para temas de procuración de justicia, que tanta falta nos hacen”, detalló Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
En un reporte preliminar sobre el gasto en comunicación social en 2016, la Secretaría de la Función Pública reportó un monto por 9 mil 26 millones de pesos.
La publicidad oficial se ha vuelto una forma de censura. Y, además, una promesa incumplida por parte del Presidente Enrique Peña Nieto de cuando era candidato.
Peña se comprometió en la sección de “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática” del Pacto por México a regular el uso indiscriminado de la publicidad oficial del Estado.
“Se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, rezaba el compromiso.
No obstante, Peña Nieto arreció los gastos de comunicación social. Mientras que en 2013 el gasto fue de 7 mil 955 millones de pesos, para 2015 ascendía a 9 mil 801 millones de pesos; un incremento del 23 por ciento.
El año pasado la entidad destinó 932 millones 521 mil pesos a publicidad oficial
“El dinero condiciona las líneas editoriales. Busca el apoyo a ciertos actos gubernamentales, o silenciar ciertas voces que están criticando al Estado, o a muchos Gobiernos”, destacó Maldonado.
En sentido estricto recordó el Oficial, la comunicación social debería ser utilizada para ejecutar campañas informativas que beneficien a la población.
Pero, en cambio, muchas campañas han sido utilizadas para exaltar acciones del Gobierno. “Es dinero totalmente tirado a la basura, y que sirve como un pretexto para controlar el flujo de información”, dijo el abogado.
Estos recursos también reflejan las condiciones de libertad de expresión de una entidad.
El informe presentado hoy por Artículo 19 resalta el caso de Tamaulipas, que con 13 periodistas asesinados ocupa el segundo lugar del país, junto con Chihuahua, desde el año 2000; y el primer puesto en el gasto de publicidad estatal en 2016.
El año pasado la entidad destinó 932 millones 521 mil pesos a publicidad oficial. “En Tamaulipas, la violencia contra el periodismo es permanente. Es una constante que adquiere diversas formas, institucionalizadas y fácticas”, reza el trabajo.
En segundo lugar nacional se halla Coahuila, que destinó el año pasado 451 millones 100 mil pesos a este concepto. Y en tercero, Oaxaca con 295 millones 901 mil pesos.
“Evidentemente, si se prescinde de este dinero, pues van a tronar muchos medios de comunicación. Lo que estamos pensando es que un modelo de transición regulado, donde la pauta este debidamente asignada con criterios de transparencia, de equidad”, indicó Maldonado.
Estos conceptos deberían de evitar la parcialidad a la hora de asignar un contrato publicitario.
“Es decir, si decimos por mayor cobertura, pues van a ganar muchos grandes medios. Y no necesariamente debe ser así, sino quizá beneficiar con otros parámetros a las radios comunitarias, que hablan la lengua en ciertas regiones, donde se puede tener mayor penetración”, agregó el especialial.
