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Lo que el Gobierno Rajoy entiende por democracia: acallar a la prensa, controlar a los jueces y amordazar a los ciudadanos

30/05/2013 19:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un juez o un fiscal podrá silenciar a los medios si prospera la propuesta de Gallardón de una nueva Ley de enjuiciamiento Criminal.

Por primera vez en el ordenamiento jurídico español, el juez, de oficio o a instancia del fiscal, podrá ordenar a un medio de comunicación que deje de publicar noticias sobre un sumario judicial y podrán prohibir a acusados y testigos que ofrezcan declaraciones a la prensa.

Independencia de la prensa

En la línea mantenida por el Gobierno en esta materia, reflejada en su control de RTVE y en su decisión de votar en Bruselas, hace unos días, junto a partidos fascistas y xenófobos (del francés Jean-Marie Le Pen y del británico Nigel Farage, sorprendiendo incluso a los partidos más conservadores de la Unión Europea), contra la libertad de prensa hace pocos días, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prepara la propuesta de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé responsabilidades penales para los medios de comunicación que difundan noticias sobre un proceso judicial blindado por un juez o un fiscal.

En el Parlamento Europeo se votó una resolución que pide a los Gobiernos europeos que adopten una serie de medidas que garanticen que los periodistas puedan desarrollar su trabajo en libertad y sin cortapisas. Se aprobó por abrumadora mayoría, 539 diputados a favor, 78 abstenciones y tan solo 70 noes. Entre los críticos destacaron, por encima de todos, los eurodiputados del PP español que prácticamente votaron en contra en bloque, tan solo tres de sus miembros votaron a favor y una se abstuvo.

Una de las medidas aprobadas ayer en el Parlamento Europeo es que los órganos reguladores de la prensa sean independientes, procedan del propio sector y no sean nombrados por el poder político. También pide que los responsables de medios públicos sean nombrados por méritos profesionales y no por criterios partidistas. Obviamente el PP se ha saltado a la torera ese criterio con el nombramiento de los directivos de RTVE, por poner un ejemplo.

La resolución aprobada en el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros realizar controles anuales para comprobar que los cambios de leyes no suponen injerencias en el trabajo de los periodistas. Así mismo pide la adopción de medidas para salvaguardar la libertad informativa y el pluralismo no solo de las presiones de gobiernos, sino también de anunciantes y de los propietarios de las empresas periodísticas.

El proyecto de ley de Gallardón, que será llevado al Consejo de Ministros en octubre próximo, sería pues, según los puntos de vista de numerosos magistrados y profesionales de los medios, un ataque a la libertad de expresión sin precedentes en la democracia, que atenta, además, contra el derecho a la información de los ciudadanos.

El ministro de Justicia explica sobre ello que su intención es proteger “los derechos de los ciudadanos imputados” y consideró “preocupante” que las resoluciones de un tribunal se vean “condicionadas” por el “prejuicio formado en la opinión pública” como consecuencia de las noticias y opiniones publicadas por los medios. De acuerdo con el planteamiento de Gallardón, casos como el de Urdangarin o Gürtel podrían haber sido protegidos y sus pormenores ocultados a los ciudadanos.

Medios tan poco sospechosos de progresismo como El Mundo incluso dedicó en su día su editorial al plan de Gallardón, que considera una “amenaza contra los derechos constitucionales básicos como es el de la información”. Para este diario, “el contenido de esta propuesta es liberticida e incompatible con un régimen democrático. Si acabara incorporándose al Código Procesal Penal supondría el mayor ataque en Democracia a la libertad de expresión”.

El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es un paso más en el intento del Gobierno de limitar el derecho fundamental a la información del que ya ha dado sobradas muestras desde su llegada al Gobierno con la aprobación de un decreto ley, a principios de 2012, que modificó la forma de elección del consejo de administración de RTVE que exigía desde 2006, por decisión del Gobierno socialista, el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. De esa manera el Ejecutivo de Rajoy se garantizó la dirección del ente público sólo con su mayoría absoluta en el Congreso y en consecuencia el control informativo del ente público.

Las amenazas de querellas de la dirección del PP contra los medios de comunicación que han difundido datos sobre el caso Bárcenas y la presunta contabilidad B del PP y los sobresueldos a altos cargos populares, especialmente contra el diario El País, constituyen también una muestra de la actitud de este partido ante la libertad de expresión.

Un Poder Judicial a “su” medida

Durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, el Gobierno socialista no pudo renovar los grandes organismos del Estado (Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, que conlleva además la renovación de los Tribunales Constitucional y Supremo, el Consejo de RTVE… ), según iban “caducando” sus miembros por el bloqueo continuo del PP, que lo que era regresar al poder para controlar esas renovaciones y más con la perspectiva de lograr una mayoría absoluta en Congreso y Senado.

Pero el PP para no sufrir los mismos bloqueos que ellos practicaron está trabajando para protegerse de una política similar. Eso si, sin importarles que, en el camino, la calidad democrática de la elección de las instituciones sufra por ello.

Desde enero de 2010 se tendría que haber procedido a la renovación de un buen número de los consejeros en RTVE. Estos, durante la legislatura de Zapatero, era elegidos por un periodo de 7 años precisamente para asegurar su libertad, al evitar que coincidieran con los periodos legislativos y el control del Gobierno de turno. Pero durante 2010 y 2011 el PP se dedicó a impedir la renovación negándose a acordar nombres, incluido en los últimos meses el del Presidente de la Corporación. Pero tan pronto como llegó al poder, el Gobierno Rajoy dijo que era insostenible esa situación de permanente bloqueo y aprobó, por decreto, una modificación según la cual, si resultaba imposible consensuar los nombres del Consejo de RTVE por dos tercios del Congreso (exigido por ley), bastaría en una segunda vuelta una mayoría simple para proceder a la renovación de sus miembros. Y así se hizo.

Nuestra democracia flaquea. Hay menos prensa libre, más control judicial por parte del Ejecutivo y a los ciudadanos por parte policial

El resultado, que en estos momentos el gobierno de la radiotelevisión pública está en control absoluto del PP y del Gobierno, con la consecuente pérdida de independencia y audiencia que se está comprobando.

En el caso del órgano del poder de los jueces la exigencia de la renovación por dos tercios del CGPJ está instituida desde el inicio de la democracia, así como la Constitución recoge, por ejemplo, la necesidad de ese apoyo parlamentario para las modificaciones de la carta magna.

El PP se mostró especialmente beligerante en el bloqueo de la renovación del CGPJ durante el zapaterismo porque de esa forma también bloqueaba la renovación del Supremo y del Constitucional. Es bien sabido de la continuidad, por ejemplo, de tres magistrados conservadores que, debiendo haber sido relevados de sus puestos hacía tiempo seguían en ellos porque el PP bloqueaba su cambio por otros magistrados, tal y como marcaba la ley.

Como no podían repetir en este caso el modelo que habían aplicado en la televisión pública, el ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón ha encontrado otro atajo para lograr lo que el Gobierno pretende, el control de los nombramientos del Consejo.

Es decir, las cámaras deben nombrar 20 miembros del CGPJ. Diez el Congreso, diez el Senado. Pero lo que quiere Gallardón es que si no se llega a un consenso de dos tercios para la renovación de todos los miembros, pero sí se alcanza esa mayoría en una de las cámaras, se renueven esos 10 consejeros manteniendo ’prorrogados’ los de la cámara donde no se alcance el consenso ¿Qué sucede? Que en el Senado el PP tiene una mayoría de tres quintos, es decir, asegura la renovación de sus 10 consejeros a la fuerza.

Sobre la segunda propuesta de Gallardón, la importancia de reducir el número de miembros necesarios para nombrar a los magistrados en los diferentes tribunales, por ejemplo, el Supremo, las consecuencias son evidentes. Si se renuevan los 10 vocales del CGPJ que corresponden al Senado, y cuyos nombres el PP puede en la práctica imponer en su totalidad, y a esto se suma el nombre del Presidente, que históricamente es ‘favorable’ a las tesis del Gobierno, esa mayoría simple de 11 votos aseguraría al PP un control total sobre los nombramientos de miembros del Supremo y los Tribunales territoriales que realiza el CGPJ.

Así, por ejemplo, los integrantes de la Sala Segunda del Supremo, la de lo Penal, que deberá ver en su momento los recursos sobre el tema Gürtel, habrán sido nombrados por un CGPJ con mayoría absoluta no de vocales progresistas o conservadores, sino de vocales nombrados mayoritariamente por el PP sin que resulte necesaria negociación de ningún tipo con el resto de fuerzas políticas. El resultado de su decisión en este asunto, que puede ser clave para el futuro del propio Partido Popular caerá, inevitablemente, bajo una sombra de sospecha. Pero, claro, favorable a los intereses ‘populares’.

La respuesta a este ‘rodillo’ ha sido que ni una sola fuerza política, ni siquiera los nacionalistas de derechas de CiU y el PNV, votó en el Congreso con el PP en esta ley clave. Pero al Gobierno no le preocupó su absoluta soledad, ni el desgaste democrático que significa sacar adelante en esas condiciones la ley que regula la elección de quienes dan cuerpo a una institución fundamental.

Estado policial

La proliferación de manifestaciones y protestas en toda España ha obligado al Ministerio del Interior a destinar buena parte de su presupuesto para material de ‘defensa’ para los próximos años. Solo en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno del PP para 2013 se pasó de los 173.670 euros de 2012, a 3, 26 millones de euros en 2013 para la compra de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa”.

Esos datos fueron facilitados a finales del año pasado por el propio ministerio y apuntaban a que entre 2012 y 2016 la inversión prevista alcanzaría los 10, 02 millones de euros para reponer y modernizar el material que utilizan los policías antidisturbios que participan en el control y vigilancia de manifestaciones. Entre este material se incluyen chalecos antibalas, botes de gases lacrimógenos, porras de defensa, escudos, así como las controvertidas pelotas de goma. Algunas de las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil habían demandado una mayor inversión para su protección alegando la “peligrosidad” de las operaciones en las que se ven envueltos los agentes.

La inversión en seguridad pública está entorno al 0, 60 % del PIB.

Según la Delegación del Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes, solo en la capital se celebraron 1.600 manifestaciones en los cuatro primeros meses de este año, frente a las cerca de 800 registradas en el mismo periodo de tiempo en 2012. Todo ello ha dado pié a que Cifuentes exprese en voz alta la necesidad de “modular” el derecho de reunión, limitando las concentraciones o protestas ciudadanas a perímetros alejados de las sedes de las instituciones, como el Congreso de los Diputados. Incluso ha advertido que las manifestaciones serán prohibidas si pueden suponer “una alteración del orden público”.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha afirmado que hasta se ha llegado a probar el nuevo material antidisturbios en situaciones reales de defensa. En concreto, a finales del año pasado el SUP denunció que un responsable de las UIP había dado instrucciones a los agentes para que dispararan pelotas de goma directamente a los ciudadanos y no contra el suelo, como establece el protocolo. Aquel entrenamiento se celebró en Linares (Jaén).

¿Hacia donde va nuestra democracia?.


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Montserrat Gutiérrez (343 noticias)
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