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El Gobierno suscribe las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

28/05/2010 14:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Consejo de Ministros ha autorizado las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales. Los citados artículos regulan la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada ante las denuncias individuales y las denuncias interestatales.

El 20 de diciembre de 2006, la 61 Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros el 15 de junio de 2007.

El objetivo de la Convención es la prevención de las desapariciones forzadas, la lucha contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada y la realización del derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a la justicia y a la reparación.

A tal efecto, la Convención establece en su artículo 26 la existencia del denominado Comité contra la Desaparición Forzada con el cometido de estudiar y evaluar los casos de desapariciones forzadas que se le presente y compuesto por expertos de reconocida competencia en ese campo.

La Convención prevé en sus artículos 31 y 32 la formulación de sendas Declaraciones que deben realizar los Estados parte para reconocer la competencia del Comité contra la desaparición forzada: en un caso, para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado firmante de las disposiciones de la citada Convención y, en otro caso, cada Estado parte podrá reconocer la competencia del Comité cuando alegue que otro Estado no cumple con las obligaciones que le impone la Convención.

Por tanto, los artículos 31 y 32 regulan las denuncias individuales y las denuncias interestatales. En el caso de que España no realizase la correspondiente Declaración, el Comité no podría admitir ninguna comunicación relativa a nuestro país en el sentido indicado en los mencionados artículos, ni España podría alegar que otro Estado no cumple con las obligaciones que le impone la Convención.

Según el Gobierno, "el Estado español siempre se ha mostrado favorable a otorgar competencias a los órganos de control establecidos en virtud de instrumentos convencionales similares: Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, etcétera".


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