El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Lo de Soria va para culebrón. El exministro de Industria José Manuel Soria ha presentado su renuncia al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial en una carta enviada al secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, han asegurado a Efe fuentes del Gobierno.

Este martes comenzaba la votación para elegir a los 25 nuevos directores ejecutivos del Banco Mundial, un proceso que se prolongará durante algo más de un mes, hasta el próximo 7 de octubre. El Ministerio de Economía anunció el pasado viernes la decisión de la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales de elegir a Soria para un cargo de director ejecutivo en el Banco Mundial para el período comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018.

España comienza ahora su turno en la silla que comparte con México, Venezuela y cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Desde el Ejecutivo defendieron que Soria, que ahora ha renunciado, tenía "una dilatada experiencia sobre todo en la Administración pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado".

Soria, que presentó su dimisión como ministro el pasado mes de abril por los llamados 'papeles de Panamá', ha comunicado su decisión al Gobierno a través de una carta remitida al secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa.

En la misiva, Soria deja claro que no ha sido acusado ni investigado por ningún delito y que renuncia voluntariamente al cargo en la institución multinacional ante la polémica que ha generado su nombramiento y la utilización "desproporcionada" que se ha hecho de este asunto en el debate político y mediático.

Críticas de la oposición y desde el PP Sin embargo, el malestar entre algunos miembros del PP por la elección de Soria para el cargo en el Banco Mundial se ha evidenciado en las palabras de distintos dirigentes, como las del presidente de Galicia y candidato del PP en las elecciones autonómicas del próximo 25 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo, quien admitió que el nombramiento era "difícil de entender" y veía necesarias "explicaciones adicionales", similar a lo que hoy han expresado portavoces del PP balear y el andaluz.

Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pedía a los periodistas el pasado sábado que no le apretaran demasiado con preguntas para no hablar sobre el asunto y recordaba que su opinión política sobre José Manuel Soria es "manifiestamente mejorable". Su número dos, Rosa Valdeón, planteó abiertamente ayer que Soria renunciara.

A las quejas se había sumado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para quien la propuesta de Soria no tenía que haberse llevado a cabo. Y desde la Comunidad Valenciana, la presidenta del PP, Isabel Bonig, suscribía las declaraciones tanto de Feijóo como de Cifuentes.

Por su parte, el PSOE y Unidos Podemos habían registrado una iniciativa para que la Junta de Portavoces convocara un pleno urgente para informar de la designación de Soria para el Banco Mundial, tras acusar al PP de nombrar "a dedo" al exministro. Comisión de Evaluación

La elección de Soria había generado tal revuelo que desde el Gobierno en funciones han tenido que salir al paso para defenderse con dos máximas: el cargo dado a Soria es de naturaleza administrativa, y no política, y la propuesta depende de una Comisión de Evaluación que examina la preparación de todos los candidatos, con la intención de evitar la imagen del dedo de Rajoy y De Guindos sobre Soria, demostrando así que la decisión ha sido independiente y tomada por unos «jueces» basados en el curriculum del ex responsable de la cartera de Industria. Un ministro que en abril de este año renunció a su cargo por su implicación en los «Papeles de Panamá».

Sin embargo, los cinco miembros que forman parte de la Comisión Evaluadora son altos cargos del Gobierno: Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio; Rosa Sánchez-Yebra, secretaria General del Tesoro; Jorge Dajani González, director general de Análisis Macroeconómico; y Rodrigo Madrazo García de Lomana, Director General de Política Económica.

Desde el Partido Popular explican tanto el procedimiento que deben cumplir los 188 países miembros del Banco Mundial para designar a los directores ejecutivos que representarán a sus naciones, como la justificación de que José Manuel Soria sea uno de ellos. El protocolo es el siguiente: los miembros del Banco Mundial desarrollan su trabajo diario en el Directorio Ejecutivo, formado por 25 «sillas» ocupadas cada una por un grupo de países. Desde 1978, España comparte asiento con México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y el puesto de Director Ejecutivo ?que consiste en dirigir el trabajo de la «silla»? rota en plazos de dos años entre nuestro país, México y Venezuela. Según las expliciones dadas desde el partido, en «la selección de los candidatos se valora la condición de funcionario y su trayectoria profesional, incluyendo la naturaleza y nivel de los puestos y años de experiencia». Requisitos que, teniendo en cuenta que su último «trabajo» ha sido el de ministro de Industria, Energía y Turismo desde diciembre de 2011 hasta abril de 2016 resultan algo paradójicos si se tiene en cuenta que esos años han terminado en una dimisión. Y muy incómoda para el Gobierno, ya que el ex ministro adoptó diferentes posturas para encarar las informaciones que publicaron los medios por los «papeles de Panamá»: negó su relación con la empresa UK Lines, «offshore» domiciliada en Bahamas, así como con una empresa británica con el mismo nombre, vinculada a su empresa familiar y de la que su padre poseía el 50% de las acciones, en las que Soria aparecía como administrador. Pero la palabra del ex ministro de Industria no pudo hacer frente a las publicaciones y el 15 de abril de este año renunció a su cargo y a la Presidencia del Partido Popular canario. Mediante un comunicado, puntualizó que las actividades empresarias fueron anteriores a su entrada en política, y negó que tuvieran «relación de vínculo alguno» con el ejercicio de sus responsabilidades políticas. En este argumento se apoya el Partido Popular para combatir la polémica del nombramiento, pero lo cierto es que hubiera tenido más peso si los miembros de la Comisión de Evaluación no fueran altos cargos del Gobierno, sino independientes que hubieran valorado esa trayectoria profesional y administrativa de la que se hace gala. Sobre todo, cuando no dudan en defender desde el partido que preside Mariano Rajoy que el «juicio» del Comité no hace «en ningún caso consideraciones políticas».