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Un grupo de eurodiputados expresa su preocupación por el respeto de derechos de los imputados en el caso Udalbiltza

14/07/2010 17:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un grupo de doce eurodiputados mostraron hoy su "preocupación" por el respeto de los derechos fundamentales en el proceso que arranca mañana en la Audiencia Nacional contra 22 imputados en el caso Udalbiltza-Kursaal, por presunta pertenencia a ETA, y pidió al Consejo de la UE y a la Comisión Europea que se pronuncien.

En una pregunta parlamentaria remitida a las dos instituciones europeas, los eurodiputados preguntan a Bruselas qué medidas prevé tomar "para garantizar que los derechos fundamentales de los procesados son respetados" y plantean sus dudas sobre el uso "indebido" de las leyes españolas para "criminalizar la actividad legítima de representantes elegidos democráticamente".

Critican que vayan a ser juzgados "representantes electos del País Vasco", que fueron imputados tras la detención en 2003 de ocho miembros de Udalbiltza y el cierre de las sedes de esta asociación de ex alcaldes y ex ediles nacionalistas.

La carta está firmada por los eurodiputados catalanes Raül Romeva (ICV) y Oriol Junqueras (ERC) y por miembros del grupo de Izquierda Unitaria como la sueca Eva-Britt Svensson y el checo Jiri Mastalka; y de Los Verdes, como el belga Bart Staes, la letona Tatjana Zdanoka y el galo José Bové.

También suscriben el documento Frieda Brepoels (PPE, belga), Bairbre de Brún (Sinn Féin), François Alfonsi (Partido Nación Corsa) y Jill Evans e Ian Hudghton (partido nacionalista galés).

En el texto recuerdan una resolución del Parlamento vasco adoptada en diciembre de 2008 que pide la retirada de los cargos y que carga contra la "criminalización del trabajo de ediles y alcaldes" y considera una "iniciativa contra la democracia" que se persiga a esta asociación.

Además, aluden a un informe del relator para la promoción y protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Martin Scheinin, en el que según estos eurodiputados se alertó de que las medidas antiterroristas en España "no deben utilizarse para limitar los derechos de ONG, medios o partidos políticos".

Por ello, preguntan al Consejo de la UE y al Ejecutivo comunitario "si comparten la preocupación" por el respeto de los derechos fundamentales de los procesados y reclama a la Comisión que vele por el cumplimiento de estos derechos.


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