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Las principales asociaciones hoteleras de España reclaman desde hace tiempo la regulación del alquiler vacacional, para evitar la existencia de apartamentos ilegales. Muchos han sido denunciados ante la dirección de Turismo por los hoteleros de Madrid. Sin embargo, los inspectores se encuentran con el obstáculo de que el propietario alega que es una casa privada y no permite el acceso a la misma. El alquiler con fines turísticos no cuenta con una legislación clara y se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha anunciado que el Gobierno regional ultima un decreto para poner límite a las viviendas particulares que "de modo ilegal" se destinan a uso turístico. Hasta el momento, Mariño no ha añadido más detalles al respecto, ni ha explicado de qué forma se regulará el alquiler vacacional en la comunidad.
Por su parte, el Gobierno central está preparando un proyecto de ley para modificar la LAU y dejar el alquiler vacacional a regulación de las comunidades, que establecerían sus propias legislaciones en esta materia.
El presidente de Asotur, David Tornos, ha explicado en un comunicado que "la aprobación de este proyecto de ley puede herir de muerte a un sector económico en expansión cuyas aportaciones al PIB son, en muchas regiones, sobresalientes". También ha añadido que la nueva legislación "supone un menoscabo en los derechos civiles de los propietarios, que no pueden disponer de sus viviendas para obtener una renta de ellas, y la destrucción de empleos directos e indirectos derivados del ejercicio de esta actividad".
Después de la hotelería, el alquiler de apartamentos es el negocio que más pernoctaciones genera en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 se registraron más de 60 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos. La consultora Magma Tri Hospitality asegura que la estancia media en España en este tipo de alojamientos ronda supera las siete noches, con un gasto medio diario de 53 euros. El sector mueve alrededor de 2.000 millones de euros al año, entre actividad directa e indirecta.