IU e ICV piden al Gobierno que reclame a Estados Unidos la devolución de los archivos depositados en Megaupload

Los diputados de IU Alberto Garzón y de ICV Joan Coscubiela han registrado en el Congreso sendas preguntas al Gobierno pidiendo al Ejecutivo que reclame a Estados Unidos la devolución a sus propietarios de los archivos que los usuarios españoles han depositado en Megaupload, el portal de descargas cerrado por el FBI.

Según Garzón, diputado por Málaga vinculado al movimiento 15-M, el proceso contra Megaupload "revela un aspecto más de la amenaza que pesa sobre internet" con la que "determinados intereses y gobiernos quieren un sistema distópico que se asemeja demasiado a 1984, la obra de George Orwell".

En su escrito, el joven diputado malagueño subraya que el cierre de la citada empresa ha afectado también a "miles de ciudadanos españoles que tenían albergados todo tipo de contenidos privados en los servidores de Megaupload, que permitía ser usada como disco duro virtual, y ahora, como consecuencia del cierre, el FBI "tiene a su plena disposición información sensible de ciudadanos españoles".

"¿Piensa el Gobierno tomar las medidas oportunas para, siguiendo lo expresado por las organizaciones de consumidores y de usuarios de internet, garantizar que el gobierno de EEUU y, más concretamente, el FBI, devuelve los datos privados a sus propietarios originales?", pregunta Garzón.

Y EN ESPAÑA, LA LEY SINDE

En similares términos se pronuncia el diputado de ICV, Joan Coscubiela, quien aprovecha para recordar que el próximo 1 de marzo entrará en vigor la comisión de Propiedad Intelectual contemplada en la llamada 'Ley Sinde' contra la Piratería, que a su juicio supone un "mecanismo de censura".

Para Coscubiela, en España "no hay ninguna norma que garantice la neutralidad en la red, es decir, que los proveedores de Internet pueden intervenir sobre los contenidos que visualizan o utilizan los usuarios, bloqueando o limitando páginas o aplicaciones de manera discriminada".

Por ello, pide saber cómo va a garantizar el Gobierno esa neutralidad y la protección de los derechos fundamentales y reclama conocer además la opinión del Gobierno sobre las leyes estadounidenses que se preparan para permitir la intervención de páginas de Internet.