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IU-ICV propondrá hoy al Congreso crear una Oficina Nacional Antifraude con su propia policía fiscal

22/09/2009 08:42 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) defenderá hoy en el Congreso una iniciativa que persigue reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción a través de la creación de una Oficina Nacional Antifraude que asuma la investigación del blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos a través de una "policía fiscal" integrada por unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades operativas de vigilancia aduanera.

El diputado de ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, defenderá una proposición no de ley que recoge buena parte de las denuncias lanzadas en los últimos meses por la Asociación Profesional Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), y aboga por reformar la figura del delito fiscal, modificando los grados de los distintos tipos de infracciones tributarias.

Además, reclama que se apruebe una Ley Anticorrupción para potenciar los órganos jurisdiccionales encargados de su represión, mediante el auxilio de un mayor número de inspectores y técnicos de Hacienda, para lo que reclama que se eliminen las restricciones presupuestarias a la oferta de empleo público en lo referente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Herrera reclama que se apruebe el Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria para definir con claridad sus funciones y estructura, acabando con la "conflictividad interna" que ha lastrado su eficacia en los últimos años y supere la "insatisfacción" de los funcionarios.

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Así, la Oficina Nacional Antifraude dependería de la Agencia Tributaria, integrando a inspectores de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Fiscalía, y tendrá entre sus prioridades luchar contra las tramas de fraude del IVA.

MAYOR CONTROL DE LOS PATRIMONIOS

Asimismo, plantea la creación de un régimen especial para los defraudadores, que permita su persecución son endurecer la situación del resto de contribuyentes, concentrándose en los "grandes focos" de estas actividades, como los paraísos fiscales. Para esto, reclama que se refuerce el control del patrimonio de las personas físicas y jurídicas para detectar "incrementos no justificados" en el mismo.

El texto recalca que diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 200.000 millones de euros, mientras que los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por la AEAT apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10% de los potenciales ingresos del fraude.


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