El Estado peruano indemnizó con 319 mil dólares a María de la Cruz Flores, condenada a 20 años de cárcel por el delito de terrorismo, en acatamiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El organismo, con sede en San José, Costa Rica, aseguró que el Estado peruano ya acató el fallo que emitió a favor de la ex integrante del grupo armado Sendero Luminoso, cuyo paradero se desconoce desde que fue sentenciada a prisión. El portal digital del diario El Comercio informó este jueves que el Estado peruano llegó a abonarle 319 mil dólares a De la Cruz Flores, en cumplimiento del dictamen de la Corte-IDH para que indemnizara a la acusada por la violación de sus derechos fundamentales. Al igual que la estadunidense Lori Berenson, que también cumplió condena por terrorismo, De la Cruz Flores demandó al Estado porque durante su detención y procesamiento en la década de los años 90 supuestamente se violaron de forma flagrante sus derechos humanos. En 2004, la Corte-IDH emitió una sentencia en la que le dio la razón a la demandante y ordenó a Perú a pagarle una indemnización de 319 mil dólares, monto que incluía 30 mil dólares para cubrir los gastos ocasionados por el proceso. Aunque el Ministerio de Justicia se abstuvo de confirmar la información, un comunicado de la Corte-IDH establece que el 23 de noviembre se emitió una resolución en la que declaró que Perú había cumplido con efectuar el pago, señaló el portal de El Comercio. La Corte-IDH obligó al Ejecutivo a la reincorporación de De la Cruz Flores a las actividades que desarrollaba como médica antes de su detención y enjuiciamiento, y que se le proporcionara una beca que le permitiera capacitarse y actualizarse profesionalmente. De la Cruz Flores, quien fue acusada de pertenecer a Sendero Luminoso y de haber brindado asistencia médica a una serie de militantes de esa organización terrorista, fue condenada en 2006 a ocho años de prisión, recordó el portal de El Comercio. Sin embargo, la Procuraduría contra el Terrorismo apeló ese fallo y el año pasado la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema elevó la pena a 20 años de cárcel, sentencia que no ha podido ejecutarse porque la condenada está prófuga de la justicia.