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Un informe de CGPJ de 2002 advirtió que los pinchazos telefónicos deben regularse por Ley Orgánica según la Constitución

05/11/2009 17:35 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un informe del Consejo General del Poder Judicial de noviembre de 2002 recuerda que la interceptación de las comunicaciones se debe regular mediante una Ley Orgánica según el artículo 55.2 de la Constitución Española. Además, precisa que las comunicaciones sólo se pueden interceptar por resolución judicial motivada y en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Con este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el CGPJ se estaba pronunciando en relación al proyecto de Real Decreto que en aquel momento presentó el Gobierno del Partido Popular, con el fin de que sirviera de soporte para poder poner en marcha el sistema SITEL de interceptación de comunicaciones. En este proyecto de Real Decreto se establecían los procedimientos y las medidas técnicas para la interceptación legal de las comunicaciones, exigibles a los operaciones de servicios de telecomunicaciones disponibles al público y de redes públicas de telecomunicaciones.

El Gobierno de entonces basó su Real Decreto en la necesidad de desarrollar el artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones. Este artículo impone a los operadores de telecomunicaciones la obligación de "garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución Española y el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En el preámbulo del proyecto de Real Decreto se justificaba la necesidad de desarrollar reglamentariamente este artículo 49, que garantiza el secreto, estableciendo el procedimiento y los requisitos necesarios para poner en práctica la interceptación legal en los modernos sistemas de comunicaciones.

SECRETO DE COMUNICACIONES: DERECHO FUNDAMENTAL

El CGPJ afirma que "efectivamente", el artículo 18.3 de la Constitución consagra como derecho fundamental el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas "salvo resolución judicial".

Pero también recuerda que el artículo 55.2 de la Constitución Española dispone que "una Ley Orgánica" será la que pueda determinar la "forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario", los derechos reconocidos en el artículo 18.3 pueden ser "suspendidos" y para "personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas".

El informe del Consejo del Poder Judicial también recuerda, como también hace el proyecto de Real Decreto que analiza, que las únicas interceptaciones que están obligados a realizar los operadores telefónicos son las que se establecen en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 2/2002 reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en "otras normas con rango de Ley Orgánica".

En todos esos casos, afirma el Consejo, debe haber una "resolución judicial motivada" y ha de fundamentarse en la finalidad de: descubrir o comprobar hechos relevantes para la causa penal; en la existencia de indicios de responsabilidad criminal en la persona afectada por la interceptación o que se sirva de las comunicaciones para la realización de sus fines delictivos o en la necesidad de la medida para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

AUTORIDAD JUDICIAL, NO AUTORIDAD LEGAL

El citado informe del Consejo se ponen objeciones a otra serie de asuntos que contiene el proyecto de Real Decreto de interceptación legal de las comunicaciones, como por ejemplo que se precise en todo momento que es la "autoridad judicial" quien tiene la potestad para autorizar las interceptaciones y no la "autoridad legal", por resultar este último un término "impreciso" e "inadecuado".

Además de este informe, el Gobierno de Aznar recabó otros de diversos ministerios. En uno de los informes emitidos por el Ministerio de Defensa, en marzo de 2001, se advierte que "no resulta absolutamente claro" que el proyecto de Real Decreto para interceptar legalmente las comunicaciones se limite a regular el artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Argumenta que ese proyecto de Real Decreto "no regula las obligaciones de los operaciones para garantizar el secreto de las telecomunicaciones", como manda el artículo 49 de la Ley de Telecomunicaciones en la que basa el Gobierno el citado Real Decreto, sino que "a sensu contrario" lo que hace es establecer las "obligaciones" de las operadoras "a la hora de interceptar legalmente las mismas".

REGULAR LA DESTRUCCION DE MATERIAL NO RELACIONADO CON LAS ESCUCHAS

"De la obligación de garantizar el secreto de las telecomunicaciones no se desprende la obligación de interceptarlas", avisaba entonces el Ministerio de Defensa. Además, precisa también que en "esta duda sobre el rango de la norma proyectada redunda el hecho de estar regulando el ejercicio de limitaciones a un derecho fundamental".

Otro informe del Ministerio de Justicia fechado en mayo de 2003 advierte de la conveniencia de regular el procedimiento para la "destrucción" del material relativo a "todas aquellas informaciones obtenidas y que no guarden relación con el objeto o fines de las interceptaciones". Además, apunta que esta regulación debe hacerse de acuerdo con la Ley reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

La emisión de estos y otros informes negativos y la coincidencia con las elecciones del año 2004 provocaron la paralización de la regulación de la interceptación de las comunicaciones en la que estaba trabajando el Gobierno en aquel momento.


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