El informe de la Guardia Civil desvela que Oliver compró las acciones de Lopera mediante una pignoración

El informe entregado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva el caso contra Manuel Ruiz de Lopera por la comisión de un presunto delito societario en su gestión al frente del Betis, desvela que el proceso de compra-venta de las acciones del ex dirigente verdiblanco por parte de la empresa 'Bitton Sport', cuya cabeza visible es el actual consejero deportivo, Luis Oliver, se habría realizado mediante la pignoración de dichos títulos accionariales.

Este informe, elaborado por el Instituto Armado a petición del propio Juzgado, indica que la compra, valorada en 16 millones de euros, estaría avalada por las propias acciones de modo que, en caso de no poder satisfacer 'Bitton Sport' el pago, el paquete accionarial y el control efectivo del club volvería a manos de Lopera.

Según indicó a Europa Press Cayetano García de la Borbolla, portavoz y abogado de la asociación de pequeños accionistas 'Por nuestro Betis' (PNB) "los avalistas son sociedades vinculadas a Oliver, a través de la compra de la constructora San José, que estaba en concurso de acreedores, y que se la quedó por un euro". Igualmente, precisó que en esta compra de las acciones figuran "varias sociedades sin valor económico real".

De este modo, lo que se habría producido sería una pignoración de las acciones de 'Farusa', que consiste en el establecimiento de "una especie de hipoteca sobre las acciones, que están en garantía del pago de la totalidad del contrato, pero en la que no se tiene plena propiedad de ellas hasta que nos las pague totalmente".

Por ello, añade el letrado, "al final es un mecanismo para la vuelta de Lopera al Betis", que ahora ha quedado completamente al descubierto. "Un contrato de compra-venta sin ninguna garantía es sospechoso, cuando menos, y, además, teniendo como trasfondo de un proceso penal", recordó García de la Borbolla.

Paralelamente, el representante legal de 'PNB' puso de relieve que, en el libro de registro de accionistas del Betis, "se dieron mucha prisa al inscribir el cambio titularidad de estas acciones, pero no pusieron que están pignoradas".

"UNA VENTA FICTICIA".

En consecuencia, Cayetano García de la Borbolla cree que lo que acredita el informe de la Guardia Civil son sus "acusaciones de que la venta era ficticia y que se trata de un mecanismo para evadir la acción de la Justicia".

De todos modos, este nuevo descubrimiento no tiene efecto de cara a la Junta Extraordinaria de Accionistas fijada para el próximo 13 de diciembre, dada que la mayoría accionarial del club sigue representada por los administradores, Rafael Gordillo, Luis Ruiz de Huidobro y la persona a la que designe el juzgado como sustituta del fallecido Juan Manuel Gómez Porrúa.

Ello, de todos modos, no se producirá, previsiblemente, como mínimo hasta la próxima semana, puesto que la juez titular del Juzgado número 6 de Instrucción, Mercedes Alaya, deberá ahora entrevistarse con los posibles candidatos, antes de cubrir la vacante que ha dejado el malogrado Gómez Porrúa.