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Iniciativa legislativa popular y democracia real

29/03/2011 18:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Iniciativa Legislativa Popular en España surge a raíz de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, en cuyo artículo 87.3 se dispone que ‘ una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia’ . Como consecuencia de la aplicación de este precepto constitucional se aprobó la Ley 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular y en su preámbulo se señala como una de las razones fundamentales de esa iniciativa la de ‘ intensificar la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública’

A su vez, el Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto) dispone en su artículo 15.3: ‘ Por Ley de Cortes de Aragón se regulará la iniciativa legislativa popular’ . Este mandato estatutario se cumple con la promulgación de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón.

En otras Comunidades Autónomas se ha seguido idéntica dinámica (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, … ) con textos muy similares, tal que en la práctica solo varía el número de firmas acreditadas necesarias para la tramitación de la I.L.P. Hay, sin embargo, otras normas más avanzadas en cuanto a sus pretensiones de dotar de mayor participación a los ciudadanos, pero solo ‘ de cara a la galería’ , ya que lo que se establece en la Región de Murcia o en Castilla y León, por ejemplo, es que los Ayuntamientos también puedan aportar a las correspondientes Asambleas Legislativas proposiciones de ley. Por tanto, aquí se trata de una iniciativa legislativa de diferentes instituciones públicas, no la popular.

Centrándonos en Aragón, en la Exposición de Motivos de la citada ley reguladora de la I.L.P. se pone de manifiesto que: ‘ Desarrollándose hoy la vida política básicamente en el seno de lo que se ha dado en llamar Estado de partidos en el que estos cumplen el mandato constitucional de ser quienes expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación popular y son instrumento fundamental para la participación política (Constitución Española, artículo 6) no debe haber sin embargo, mayor obstáculo para que se ofrezcan cauces de participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, que intenten recoger y articular iniciativas de ciudadanos o grupos cuyas alternativas se produzcan de forma complementaria a las segregadas por los partidos políticos representativos del cuerpo electoral. No otro sentido tiene el admitir y regular la iniciativa legislativa popular en su ámbito como es el caso de esta Ley de una Comunidad Autónoma’ . Y continúa: ‘ La presente norma, que capacita a todos los ciudadanos que gocen de la condición política de aragoneses y se encuentren inscritos en el censo electoral para ejercitar la iniciativa legislativa popular pretende desarrollar armónicamente el mandato estatutario, es decir, manteniendo el oportuno equilibrio entre el respeto a los legítimos representantes de la voluntad popular surgidos de unas elecciones y la adopción de un cauce que garantice el ejercicio efectivo de la inciativa’ .

Ya en el propio cuerpo legal se exige un mínimo de firmas para que pueda tramitarse la I.L.P., que está establecido en 15.000, mientras que en la I.L.P. sobre normas de ámbito estatal la cantidad mínima de firmas imprescindibles es de 500.000.

Visto de esta forma, parece que el legislador se ha comprometido con el pueblo para dotarle de un cauce legal de participación en la vida pública ajeno al ejercicio del derecho al voto, pero si todo esto lo trasladamos a la praxis veremos fácilmente como el único fin real es sumarse a ‘ la tendencia de los más modernos Estados democráticos’ . ¿Por qué puede afirmarse esto con rotundidad? Vamos a ver las exigencias para que se active la I.L.P.

Obviando el principio de que hay exclusiones materiales (unas más lógicas que otras) a la I.L.P.. , Pero que pueden considerarse razonable s y justificadas jurídicamente , la ineficacia práctica y real que tanto en Aragón como en el resto de las Comunidades Autónomas y en el propio Estado , tiene la I.L.P. es consecuencia de sus exigencias . Sin ánimo de crítica exhaustiva, solo hace falta leer el artículo 4 de la ley aragonesa para comprender que estamos ante una figura meramente formal.

En primer lugar la iniciativa no será considerada a no ser que se presente ‘ el texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos’ (artículo 4.1.a). Es decir ya no es popular por razones obvias.

En segundo lugar es precisa una ‘ exposición detallada de las razones que aconsejen la tramitación y aprobación de la proposición de ley’ .

La falta de estos requisitos se consideran legalmente como causas de inadmisión.

Por consiguiente estos ‘ detalles’ delatan que la iniciativa legislativa solo está en las Asambleas legislativas, en los partidos políticos y, muy excepcionalmente, en algunas grandes organizaciones que no utilizan, precisamente, la normativa legalmente establecida. Y ahí están los casos en los que se ha tramitado una I.L.P. y las leyes aprobadas por esta procedencia.

Personalmente reitero que estamos ante una normativa formalista sin efectos prácticos. ¿Quién redacta los anteproyectos de ley en los parlamentos? ¿No sería suficiente con que se pudiesen presentar unas líneas maestras de la I.L.P.y que los expertos las pusieran negro sobre blanco? ¿Por qué los políticos cuentan con personal capacitado -pagados por los ciudadanos- para la elaboración de textos legislativos y no los ciudadanos? Además hay otro punto por lo que la iniciativa deja de ser popular: hace falta una gran capacidad económica para ponerla en funcionamiento.

Si posteriormente analizamos el proceso exigido para la recogida de firmas y su autentización no es difícil llegar a la conclusión que es más eficiente dirigirse a cualquier parlamentario para que este haga suya o de su partido la iniciativa. El problema será, quizás, conseguir que ese mandatario del pueblo sea susceptible de reunirse con los ciudadanos a quienes representa.

¿Y en cuanto a las normas estatales? Exactamente lo mismo: es el mismo patrón de juego, o de fuera de juego, mejor dicho.

Como colorario final añadir que si bien es cierto que se deben poner ciertos límites a la I.L.P. para que no se convierta en ineficaz por un previsible abuso, no es menos cierto que la situación actual conlleva una inexistencia práctica de la misma. La solución pasa por eliminar las cosas inútiles o por dotarles de los medios suficientes para que devengan en útiles.

Pese a esta problemática han sido ya varias las ocasiones en las que se ha intentado. Y algunas se deberían conseguir si nuestro sistema es realmente democrático, qsi realmente las personas y su bienestar estuviesen por encima jurídica y prácticamente de intereses, tanto confesables como mezquinos. Una de ellas es la que ya está planteando ADICAE en lo referente a los abusos ‘ legales’ sobre asuntos de créditos hipotecarios, creación de una ley que regule el sobreendeudamiento, una modificación rotunda de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en aspectos crediticios y de embargos, la regulación de la dación en pago y la consideración de ilegal (como consecuencia de ser considerada abusiva) las denominadas clásulas suelo. Ciudadanos de Aragón (pCUA) ya hemos adquirido el compromiso formal de ponernos de lado de los consumidores y usuarios, del lado del pueblo, del lado de la democracia real, por lo que vamos a poner todo nuestro empeño en que esta iniciativa salga adelante. Que saldrá solo si los políticos que ahora nos gobiernan se enteran de que están puestos por el pueblo para servir al pueblo (algo que quizás alguno estudió cuando leyó algo de la Revolución Francesa de 1789).

Quizás es que no lo sea. Una democracia real, quiero decir.

Criterio Liberal. Diario de opinión Libre.

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