Injusta justicia

Enero de 2009. Marta del Castillo, una joven sevillana de apenas 17 años no volvió a su casa tras salir con sus amigas. Tras una intensa búsqueda que duró varias semanas sin explicación aparente sobre la desaparición, Miguel Carcaño, ex novio de la joven, confesaba ante la policía que había asesinado a Marta y se había deshecho del cadáver con ayuda de varios de sus amigos.

Comenzaba con esta declaración un ir y venir de versiones sobre lo ocurrido de todos los implicados en el caso, entre los que se encontraban los dos mejores amigos de Carcaño así como su hermano y la novia de éste. Fueron meses de intensa búsqueda en los que la rabia y la impotencia de la familia se mezclaban con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija para, según explicaba la propia madre, tener un sitio donde poder llorarla. Los días seguían pasando y el cuerpo de Marta seguía sin aparecer. Las protestas por parte de plataformas ciudadanas pedían duras penas para los culpables del presunto crimen, llegando incluso a pedir un endurecimiento del código penal.

Tras casi tres años en los que los imputados por el caso no paraban de contradecir y cambiar sus diferentes versiones llegaba la hora del juicio en el que probablemente todo saldría a la luz. Nada más lejos de la realidad. Diecinueve sesiones de un juicio interminable no han servido para aclarar qué ocurrió aquella noche de enero de hace 3 años.

Los imputados, probablemente haciendo valer la hipótesis de que sin cuerpo no hay delito, no han aclarado el paradero del cuerpo. En un círculo de acusaciones y declaraciones han conseguido el que al parecer podría ser su propósito desde el principio: ser declarados inocentes por falta de pruebas concretas. Sólo Miguel Carcaño ha sido condenado por el asesinato de la joven.

Con la absolución de 3 de los 4 implicados, y la baja condena de Miguel Carcaño, cabe preguntarse si el sistema judicial español es eficaz en este tipo de casos en los que la incertidumbre que rodea al caso y el daño causado a las víctimas es mayor que la pena impuesta a los culpables. Tal vez sea el momento de plantearse un cambio en la forma de juzgar casos como este en España para favorecer de un modo más claro a las víctimas.

Con la sentencia del caso de Marta del Castillo ha vuelto el debate sobre la capacidad de la justicia española de emitir penas severas y justan que hagan pagar a los culpables por el daño causado a las víctimas.