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Los inspectores de Hacienda dicen que hay 6.000 millones en deudas tributarias parados en los Tribunales

28/10/2010 15:48 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, ha asegurado que hay alrededor de 6.000 millones de euros en concepto de deudas tributarias parados en estos momentos en los tribunales penales.

Durante el XX Congreso del IHE, que este año se centra en la reforma penal en materia tributaria, De la Torre ha explicado que los Tribunales de Justicia y el sistema penal no pueden absorber todos los delitos fiscales que les remite la Agencia Tributaria, lo que hace que esta cantidad crezca año a año y esté actualmente rondando los 6.000 millones en cuotas e intereses, sin incluir sanciones.

A su parecer, esto ha ocurrido porque los evasores tendían a recurrir las decisiones judiciales hasta el final, lo que ha acabado provocando que algunos procesos se hayan prolongado mucho en el tiempo.

De la Torre ha resaltado la necesidad de hacer frente a esta situación al recordar que la cifra, que en octubre de 2006 se situaba en 4.678 millones, es superior al ahorro conseguido con las últimas medidas del Gobierno, como el recorte de los sueldos de los empleados públicos y la congelación de las pensiones.

Así, ha considerado "claramente positivo" el contenido de la reforma penal en lo que se refiere a la recaudación de cuotas de los presuntos defraudadores enviados a los tribunales penales, ya que, a partir de ahora, la Agencia Tributaria no sólo recaudará la cuantía dejada de ingresar y sus intereses, sino también las sanciones correspondientes.

Sin embargo, ha lamentado que la reforma, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, se haya quedado incompleta al no acompañarse de una reforma de la Ley General Tributaria, lo que lleva a una descoordinación "absoluta" entre ambos textos legales y da lugar a una "gran inseguridad jurídica".

Entre los cambios que hay que hacer en la Ley Tributaria, ha destacado la suspensión de los plazos de prescripción para que la Administración Tributaria liquide cuando las actuaciones se envían a delito fiscal, la previsión de un régimen transitorio para la ejecución de las sentencias firmes y la modificación de los preceptos del Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, del Reglamento General de Recaudación y del Reglamento General de Inspección y Gestión.

"LUCES Y SOMBRAS" EN LA REFORMA PENAL.

En cuanto a la reforma penal, De la Torre ve "luces y sombras" en las modificaciones legales en su conjunto porque van "en la buena dirección", pero se han quedado cortas en algunos aspectos que, a su parecer, eran subsanables.

Entre estos aspectos, ha destacado la elevación de la pena máxima por delito contra la Hacienda Pública a cinco años porque las penas que realmente se imponen son menores, y ha lamentado la falta de cambios en los plazos de prescripción, algo que se podría utilizar como elemento "disuasorio" para que los ciudadanos cumplan con el Fisco.

En este sentido, se ha mostrado partidario de elevar este plazo de prescripción y de, al menos, crear agravantes específicos en los que la pena máxima fuese superior a cinco años y que permitieran un mayor plazo de prescripción, como el uso de testaferros o paraísos fiscales. A su parecer, este tipo de medidas podrían garantizar, además, una mayor recuperación de las cantidades defraudadas.

RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA.

"Se lanzaría un mensaje adecuado (a la sociedad)", ha señalado De la Torre quien, sin embargo, ha valorado positivamente el establecimiento de la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, aunque cree que se habría avanzado más si se hubiese establecido como delito autónomo la creación o comercialización de productos o sistemas para la defraudación tributaria.

Según De la Torre, la línea que proponen los inspectores en este sentido es similar a la tipificación del delito de blanqueo de capitales, que se ha probado como un elemento esencial en la lucha contra la delincuencia económica.

Finalmente, el secretario del IHE ha destacado la necesidad de incrementar la conciencia fiscal en España, de actuar con mayor dureza y efectividad contra los casos más graves de insolidaridad en el reparto de las cargas públicas y de dotar de mayores medios materiales, humanos y presupuestarios tanto a la Administración Tributaria como a la Fiscalía y los tribunales de Justicia.


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