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Interatún dice que la seguridad privada "no es una solución" de futuro y pide la intervención de ONU y CE

09/11/2009 19:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El presidente de Interatún --plataforma que integra a armadores e industrias transformadoras de atún--, Juan Manuel Vieites, advirtió hoy de que la seguridad privada "no es una solución de cara al futuro" y reclamó la adopción de medidas en el ámbito de Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea, tras recordar que la operación Atalanta impulsada por la Comisión Europea "no cubre a los pesqueros".

En declaraciones a Europa Press, el también secretario general de Anfaco (Asociación nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos) subrayó que los agentes de seguridad privada suponen "un coste importantísimo" para los armadores --oscila entre los 8.000 y 30.000 euros, cuantía a la que se añade el precio de las armas, como apuntó--.

Aparte, Vieites alertó de los acontecimientos que pueden derivarse de un enfrentamiento entre agentes de seguridad privada y los piratas. "¿Qué pasará cuando exista una situación más grave que las de hasta ahora?", se preguntó para señalar que los marinos franceses enrolados en los atuneros galos "tiran" cuando detectan piratas a una milla de distancia. "En situaciones más graves, a ver qué pasará...", insistió.

"No descartamos que haya marinos en el futuro", reiteró, al defender que su trabajo es "más seguro" e implica "menos riesgo" dado que son, señaló, profesionales "de situaciones de guerra". "Esto es una guerra de guerrillas", criticó.

En esta línea, apuntó que unos diez u 11 atuneros de bandera española --de los 18 que faenan en el océano Índico-- permanecen estos días atracados en Seychelles a raíz de los últimos secuestros y a la espera de que se apruebe el reglamento que permitirá embarcar a vigilantes privados armados. A ese retraso contribuye, como explicó, el entrenamiento que precisan los agentes privados antes de enrolarse.

Alguno de los buques de pabellón español sí trabaja estos días junto a otros de Francia, barcos de los que recordó que están protegidos por los 40 marinos enviados por el Gobierno galo.

UNIDAD DE ESFUERZOS

El presidente de una las armadoras con intereses en el océano Índico, Albacora, --dispone de ocho atuneros congeladores, tres barcos auxiliares y uno de pesca-- Ignacio Lachaga, llamó hoy a la "prudencia" y a "unir de esfuerzos" a los grupos políticos --"que hablen después"-- para solucionar el caso del 'Alakrana', secuestrado desde el 2 de octubre. "¿Cómo pueden plantearse temas judiciales? Esto es un chantaje, primero cumplir y después hablar de política", manifestó en referencia a la urgencia de su liberación.

En declaraciones a Europa Press, Lachaga aseguró tener "la corazonada" de que "esta semana" los --36-- tripulantes del atunero vasco estarán "todos libres". Una vez estén sanos y salvos, será el momento de analizar la situación, como explicó. Entre otras cuestiones, el responsable de Albacora apuntó a la seguridad privada, de la que aseguró que "no es una solución definitiva" para reclamar "otro tipo de determinaciones".

Así, criticó que no exista la "determinación" de capturar, desarmar y juzgar a los piratas que operan en el Índico e instó a la Unión Europea, Naciones Unidas y OTAN a intervenir. "No es un tema militar", consideró para señalar que ésta es una cuestión de "alta política".

VIGILANCIA PRIVADA DESDE HACE UN MES

Lachaga indicó que la mayoría de sus buques, que tienen bandera de Seychelles --otros cuatro tienen bandera española y carecen, por el momento, de vigilancia privada--, incorporaron agentes de seguridad privada hace un mes y reconoció una diferencia entre la adopción de esta medida y la situación previa, "sin ninguna escolta".

El armador de esta empresa, que opera en aguas del Índico desde hace 25 años y cuyo vicepresidente, Jesús Alonso, es el presidente de Jealsa Rianxeira, descartó que la presencia de vigilantes privados vaya a generar enfrentamientos. "La mayor parte de las veces se trata de eludir a los piratas", explicó.

En esta línea, justificó la demanda de los armadores de solicitar que se enrolasen militares a bordo de los atuneros "por inmediatez", al señalar que entre el 70 y 80 por ciento de las capturas de la campaña se realizan entre agosto y octubre. "No es una cuestión de que sean militares o vigilantes de seguridad", aseveró, para indicar que la reclamación de los armadores era la de disponer de "un elemento de seguridad esencial".

Sobre este punto, alabó la preparación y capacitación de los vigilantes privados, de los que señaló que, en su mayoría, proceden de las fuerzas armadas y destacan por su conocimiento en el manejo de armas. Lachaga criticó, no obstante, que se haya tardado "más de lo debido" en permitir que se enrolasen en los pesqueros.

SIN CALADEROS ALTERNATIVOS

El responsable de Albacora aseguró que los atuneros "no tienen a donde ir" al recordar que los caladeros de los océanos Atlántico y Pacífico están ya regulados y, por tanto, no existen alternativas. Precisamente, apuntó que españoles y franceses tienen licencia para que trabajen en aguas del Índico unas diez o 12 unidades. "No es ningún capricho estar allí", remarcó.

Sin embargo, insistió en que los atuneros de su empresa trabajan en un área de pesca que se sitúa a entre 300 y 800 millas de las costas de Somalia, "mucho más cerca del sur de La India", apostilló. Larraga criticó las declaraciones de quienes aseguran que se "roba" pescado a los somalíes al reiterar que los atuneros "no entran para nada en sus 200 millas".

DESAPARICIÓN DE LA INDUSTRIA GALLEGA

Por otra parte, Larraga advirtió de que, además de la piratería en el Índico, existe un problema "mucho más grave", en referencia al acuerdo sellado este verano entre Papúa-Nueva Guinea y la UE, que elimina los aranceles a la importación de conservas de este país asiático. "De aplicarse este acuerdo a rajatabla, significaría la desaparición de toda la industria gallega", subrayó para añadir que entre 60.000 y 80.000 empleados "se irían directos a la calle".

El responsable de Albacora apuntó que la mano de obra de las conserveras de Tailanda percibe entre 100 y 120 dólares al mes, aunque --prosiguió-- los empresarios han comenzado a contratar trabajadoras birmanas a las que pagan 50 dólares al mes. "Eso es, en palabras suaves, semi esclavitud", censuró, para criticar que la UE permita importar conservas envasadas en esas condiciones.

Así, consideró que las 600 páginas del acuerdo son "una barbaridad" y entendió que al sector transformador sólo le queda recurrir al Tribunal de Estrasburgo. No obstante, apostó, en primer lugar, por reunirse junto a Anfaco con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, de quien aseguró que en su reciente reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haber dicho "literalmente" que las autoridades comunitarias han "metido la pata".


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