Una investigación que llega a su fin

La instrucción del sumario por el asesinato de Marta del Castillo entra en su recta final después de tres meses de intensa investigación. El fracaso de las labores de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra abocará al juez que instruye la causa a ir concluyendo la fase de recogida de pruebas y a dar un paso más en la concreción de los hechos con vistas al posible procesamiento de los cuatro implicados.

A esta alturas del procedimiento, aún en fase de diligencias previas, el juez Francisco de Asís Molina todavía tiene previsto tomar algunas declaraciones de testigos relacionados con el caso, aunque no es probable que vuelva a citar al principal imputado, Miguel Carcaño Delgado, quien aseguró en su última versión que se deshizo del cuerpo de Marta arrojándolo a un contenedor próximo a su vivienda de la calle León XIII.

Durante estos tres meses de investigación, el principal objetivo del juez y de la Policía ha sido localizar el cuerpo de la adolescente y para ello se han practicado una serie de declaraciones y careos entre los sospechosos, que siguen sin aportar una pista fiable sobre dónde está el cadáver.

En este estado de la causa, y salvo que los imputados pidan declarar de nuevo, poco queda por hacer en cuanto a la recogida de pruebas, según explicaron fuentes del caso.

Quedaría ahora una etapa de ordenación del material recabado y de concreción de los cargos que deben concluir en el procesamiento de los imputados. Todo apunta a que el juez podría optar por encausar el procedimiento como un sumario, para que los imputados sean juzgados por un tribunal profesional y no por un jurado popular, al coincidir varios delitos además del homicidio o asesinato, dado que en su última declaración Miguel Carcaño reconoció que Marta fue objeto de abusos por parte de él mismo y del menor de 15 años que está internado en un centro como presunto encubridor de los hechos.

La ausencia del cuerpo de Marta plantea, en principio, algunos interrogantes, sobre todo si es posible acusar a los imputados de un delito de homicidio o asesinato. Desde el inicio de la instrucción, la Fiscalía ha atribuido a los acusados el planteamiento jurídico más grave: que se deshicieran de la menor cuando ésta estaba aún con vida, lo que constituiría un delito de asesinato.

Fuentes del caso consideran que, a pesar de que no ha sido hallado el cuerpo, existen en la causa pruebas más que suficientes para sostener esta acusación. Para empezar, el juez cuenta con la propia confesión de los imputados. Miguel Carcaño confesó inicialmente que mató de un golpe a Marta y después dijo que fue el menor quien la asesinó asfixiándola con un cable de una alargadera, pero sigue reconociendo su participación en la muerte, aunque sea como cooperador. El joven introdujo en sus declaraciones detalles exhaustivos sobre cómo se produjo el crimen y aportó a los investigadores la navaja que fue recuperada en una alcantarilla próxima a su domicilio y con la que habrían amenazado a la adolescente, lo que supondría una prueba que vendría a dar más verosimilitud a su último testimonio.

Junto a las declaraciones de los imputados, el juez cuenta además con las manifestaciones de los testigos, algunos de ellos que se consideran vitales como el vecino que observó a Carcaño manipulando la noche del crimen una silla de ruedas que supuestamente fue empleada para el traslado del cuerpo de Marta.

Pero el instructor también dispone de pruebas científicas que pueden contribuir a mantener ante un tribunal la acusación de homicidio o asesinato. Una de las pruebas decisiva son los restos de sangre hallados en el forro interior de la cazadora que Miguel Carcaño llevó el día del crimen y que se "transfirieron" supuestamente mientras manipulaba el cuerpo. Pero la Policía encontró hasta cinco restos de sangre que coinciden con el perfil de ADN de Marta. Estos restos estaban en la colcha de la cama del dormitorio de Miguel, en la silla y una mesa de ordenador que hay en la misma habitación, y en el salón de la vivienda de León XIII donde supuestamente fue envuelto el cadáver. La acusación dispondría de esta forma de pruebas científicas para avalar los cargos más graves.