La anterior huelga que tuvo lugar el pasado 18 de febrero fue secundada por un 65 por ciento de los juzgados españoles, concluyó mediante un acuerdo entre el exministro de justicia -Bermejo- y los representantes de las asociaciones de juces convocantes del paro, por el que el ministerio asumía el compromiso de solucionar las tradicionales carencias del servicio de justicia.

En el momento actual, portavoces judiciales reconocen un cambio de talante, pero también denuncian que no se ha producido un solo hecho real por parte del equipo del ministro Caamaño que demuestre el principio de una mejora en la prestación de los servicios judiciales a los ciudadanos. En concreto, los jueces exigen que se amplíen en las convocatorias el número de plazas de jueces y demás funcionarios judiciales, la informatización de las oficinas judiciales y el alivio de la enorme carga de trabajo que soportan los órganos jurisdiccionales españoles.

La falta de medios en la justicia es la reivindicación tradicional de los jueces

Sin embargo, en comparación con el paro del 18 de febrero, en esta ocasión los apoyos parecen más débiles, en las asambleas celebradas ayer en las principales capitales españolas se notó falta de seguimiento por jueces y magistrados. Concretamente el País Vasco se mantendrá al margen del paro, también Madrid y Zaragoza, y otras capitales acordaron adherirse en tanto en cuanto los colectivos judiciales convoquen el paro en los próximos días.