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Jueces y fiscales responden al PP que las escuchas requieren autorización judicial y si sospecha que lo denuncie

05/11/2009 15:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las asociaciones de jueces y fiscales destacaron hoy que la intervención de las comunicaciones siempre se hace previa autorización judicial, aplicando los magistrados "un grandioso sentido de la proporción y mesura" en estos casos "concretísimos". Además, instaron a quien sospeche que se está cometiendo un delito a presentar una denuncia ante los tribunales porque de lo contrario se está "deslegitimando gratuitamente" el Estado de derecho.

Así se manifestó en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien recordó que el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. "Un Estado de derecho no es un Estado policial", remachó.

Aunque precisó que no conoce la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal --en su artículo 579-- sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo. "Pero no cortocircuitan la intervención judicial sino que la hacen operativa con posterioridad", detalló respecto a los casos excepcionales en que la Policía interviene una comunicación y después, de forma inmediata, lo comunica a los jueces para que decidan si revalidan o revocan la interceptación.

"Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito", explicó el portavoz, quien recalcó que sólo se acuerdan intervenciones ante la posible comisión de un delito y "sobre supuestos concretísimos y especificados" en el texto legal.

A este respecto, defendió que los jueces "no manosean" derechos fundamentales sino que los limitan aplicando siempre "un grandioso sentido de la proporción y la mesura". "No se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causas plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario", apostilló.

En este sentido, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, también explicó que en algunas situaciones de urgencia como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y "en 24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, retó a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre".

Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo suscribió que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial" y añadió que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito. "Lo haga quien lo haga, el Gobierno, el CNI o quien sea porque nadie está por encima de la Ley", apostilló.

SITEL "MUY ÚTIL" EN INVESTIGACIÓN POLICIAL

Por su parte, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled criticó en declaraciones de Europa Press las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". "Si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado", destacó.

Aseguró que se está "produciendo una confusión" porque el sistema SITEL es un progreso técnico pero que "no tiene nada que ver" con la autorización judicial que siempre se requiere "se graben por el sistema que se graben" las comunicaciones personales. "La posibilidad de que alguien utilice ilegalmente este sistema siempre existe como antes existía la posibilidad de que alguien utilizara legalmente los sistemas más atrasados que había", apuntó.

Además, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, defendió "totalmente" la utilización de SITEL para "investigar y prevenir la delincuencia" porque considera que es un sistema "muy útil" siempre y cuando se utilice "conforme a la legalidad". Agregó que "de lo contrario", sería obligatorio denunciarlo, pero no puede "presumirse" que se haga sin autorización judicial.

Por último, la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, pidió que "si alguien conoce o sospecha" que se llevan a cabo este tipo de intervenciones "sin control judicial" lo tendrá que denunciar en los juzgados, pero que, a su entender, el sistema se utiliza "con autorización judicial".


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