La juez pide garantías de pago a las dos empresas que pujan por Chocolates Elgorriaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y Mercantil de Ávila ha dictado una providencia en la que solicita a las empresas interesadas en la adquisición de Chocolates Elgorriaga la presentación de avales o garantías de pago de las ofertas realizadas.

Los interesados disponen de cinco días para presentar la documentación requerida tras la providencia dictada por la magistrada a petición de los administradores concursales, informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Una empresa de Ávila y otra de Asturias han formalizado sendas ofertas para hacerse con la unidad productiva y las marcas de Chocolates Elgorriaga, una de las sociedades de Nueva Rumasa.

Los importes ofrecidos por ambas rondan los 4, 5 millones de euros fijados como mínimo por la juez, con una diferencia entre ambas de 12.000 euros, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Los oferentes prometen la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero no garantizan el pago, por lo que los administradores propusieron al juez que conceda un plazo de cinco días para que ofrezcan garantías y que establezca un pago mínimo de 2, 3 millones de euros antes de fin de año.

Elgorriaga cuenta con un déficit patrimonial próximo a los 58 millones de euros, ya que sus activos están valorados en 6, 4 millones, frente a unas deudas contraídas de 64 millones.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ávila autorizó la venta en el auto de apertura de la fase de liquidación de la empresa sin tener que proceder al cierre y extinción de los contratos de trabajo de sus empleados.

La decisión se produjo ante la imposibilidad de presentar una propuesta de convenio a sus acreedores, al no tener alternativas de refinanciación, y por petición expresa de la administración concursal, integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, José Rafael Sánchez como representante de los acreedores, y el abogado Miguel Ángel Martín de Miguel.