Desde el pasado mes de julio, la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), entidad financiada 100 % con recursos públicos procedentes de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo un proceso de despidos masivos encaminado a eliminar los 120 puestos de trabajo de los que disponía hace tan sólo 6 meses.

Desde entonces, Antonio Ávila, Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, así como su homólogo de Empleo, Manuel Recio, han respaldado y consentido las acciones llevadas a cabo por el presidente de la entidad, Felipe Romera, alegando ante los medios de comunicación que RETA es una entidad privada, así como que no se han producido despidos sino terminaciones de obra y servicio.

Lo que llama la atención es que desde el pasado mes de julio hasta la fecha, cuando tan sólo quedan 12 trabajadores en plantilla –curiosamente 7 de los mismos directores de área y 5 técnicos únicamente que, además pertenecen al Comité de Empresa-, RETA, con dinero público obtenido de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ha permanecido pagando los sueldos de los mencionados trabajadores, así como los gastos correspondientes a los seguros sociales sujetos a los mismos, sin que éstos tuviesen la obligación de atender su puesto de trabajo, desarrollar su actividad bajo directriz u objetivo alguno, ya que desde la Unidad Coordinadora de la Red no se ha emitido ningún tipo de orden de trabajo desde el inicio de la ejecución de los despidos, ni se haya ejercido control por parte de la dirección referente a la actividad de estos.

Es decir, RETA ha estado pagando con dinero público los sueldos de su plantilla laboral, la mayor parte técnicos, durante 6 meses, sin que estos trabajadores tuviesen que ir a trabajar ni nada que desarrollar en su puesto de trabajo.

No se entiende, por tanto, que, con los impuestos que pagan los contribuyentes y fondos provenientes de otras fuentes públicas, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia sea capaz de subvencionar la inactividad de RETA, cuya única actuación real durante este segundo semestre ha consistido en despedir con suculentas indemnizaciones a su plantilla laboral.

Unas indemnizaciones que, considerando el carácter “temporal” de los contratos, así como la “terminación de la obra y servicio” a la que estaban sujetos, según máximos responsables de RETA y de la Junta de Andalucía, han sido muy superiores al máximo establecido por la normativa legal 20 de diciembre del 2010 vigente para terminaciones de obra y servicio (esto es, 8 días por año trabajado más 15 días de preaviso), correspondiéndose con, la nada despreciable cantidad, de 50 días de indemnización por año trabajado más 2 meses y nueve días de preaviso en los que los trabajadores ya estaban despedidos y, por tanto, sin posibilidad de desarrollar actividad alguna.

Desde nuestro punto de vista, parece obvio que, tanto por parte de RETA como por la parte correspondiente a la Junta de Andalucía, se ha pretendido por todos los medios habidos y por haber silenciar la protesta que este grupo de trabajadores comenzara a ejecutar a mediados del mes de julio.

Una actuación que supone la destrucción de empleo público, se mire por donde se mire, desde la Junta de Andalucía, habiendo empleado “ingentes” cantidades de dinero en cubrir una necesidad inexistente a todas luces y que han sufragado tras la decisión adoptada para iniciar y continuar con el despido masivo de trabajadores en Andalucía.