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Un jurista dice que abortar es tan grave que es "legítimo" estar a resultas de un pronunciamiento del TC

08/07/2010 17:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El vicedecano de Derecho y Director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Francisco de la Torre Olid, ha afirmado que la medida de abortar es "tan grave" que produce un "serio y extraordinario reparo que es legítimo esgrimir para estar a resultas del pronunciamiento especial y anticipado del Tribunal Constitucional (TC)".

De la Torre, quien es profesor titular de Derecho Civil, Master en Derecho Sanitario y Bioética, comentó de esta forma las declaraciones del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que este lunes anunció que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

De hecho, De la Torre indicó en declaraciones a Europa Press que "sólo basta pensar que, si la Ley es inconstitucional, el daño hasta la sentencia es gravísimo e irreparable", y alegó que la Ley entró en vigor este lunes, como argumentos que "avalan la postura de quien se separa del cumplimiento de la norma".

No obstante, también recordó el "sencillo precepto" del Código Civil que marca que las obligaciones que nacen de la Ley hay que cumplirlas, en los artículos 1089, 1090; y se refirió a la fuerza del Principio de Legalidad que, en un Estado de Derecho obliga a todos, ciudadanos y Poderes Públicos según el artículo 9 de la Constitución Española. Así pues, matizó que "es complicado, desde luego en técnica jurídica, evitar el cumplimiento de la Ley aunque sea temporalmente".

Dicho esto, De la Torre consideró que hay argumentos "serios y razonables" que avalan la postura de quien se separa del cumplimiento de la norma como, por ejemplo, que se trata de una separación temporal, mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre una cuestión de especial pronunciamiento que ha de recaer sobre las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes de inconstitucionalidad.

Y es que, efectivamente, estimó que "no es un recurso sencillo que tenga que estar a resultas de sentencia sino que es una actuación procesal compleja con esa solicitud de pronunciamiento anticipado sobre medidas de suspensión".

En segundo lugar, aclaró que la propia Ley, en los artículos 18 y 19, exige que "esta prestación sanitaria de abortar se realice en los centros de la red sanitaria pública y, en caso de falta actual de medios, se prestará a costa de la Administración sanitaria en un centro privado acreditado", por lo que estos requisitos "expresan una adaptación de la ley que se traduce en un tiempo mínimo".

El vicedecano también estimó que la objeción de conciencia "es otra arma importante frente a esta Ley" y, comentó al respecto que, como el texto constitucional es "complicado y no expreso", en cuanto al reconocimiento de este derecho, hay que interpretar el artículo 16 de la Constitución Española.

"Personalmente siempre he defendido este precepto como referente legal suficiente -con rango de derecho fundamental-", pero indicó que el Tribunal Constitucional "ha sido contradictorio o, al menos, muy tibio, en su doctrina, según los casos de que se trata como el aborto, educación para la ciudadanía y servicio militar".

Este asunto de la objeción "incluso se planteó con la autorización de las bodas entre personas del mismo sexo, ya que la obligación legal es para el funcionario-juez y no para el alcalde, por lo que es el obligado el que tiene el problema y al que hay que reconocerle el derecho a objetar", manifestó.

En materia de aborto, la objeción de conciencia "ya se reconoció en la sentencia de Tribunal Constitucional 53/1985 y esta nueva Ley, en el artículo 19, reconoce expresamente a los profesionales sanitarios", precisó.

Y, precisamente, De la Torre recordó que estos profesionales sanitarios "ya venían movilizándose para encontrar amparo en la organización médica colegial para hacer viable ese derecho que, siendo personal, necesita ese apoyo".

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Al ser preguntado por los preceptos graves que reúne la Ley, De la Torre consideró "seguro" que el texto puede merecer la declaración de inconstitucionalidad, en primer lugar, por el cambio de la naturaleza jurídica de delito a delito despenalizado a derecho porque "no puede ser un derecho subjetivo de una persona eliminar una vida".

A su juicio, esto "va contra el cuadro de valores superiores de nuestro Ordenamiento que, según el artículo 15 de la Constitución es la vida y garantizada para todos -también para el nasciturus no solo para la persona jurídicamente entendida, cuanto más si la tradición del Sistema habla siempre de interpretar toda norma en favor del nasciturus como, por ejemplo, los artículos 29 y 627 del Código civil".

Al reconocer ese derecho como tal "se está asumiendo la lógica de su garantía (art. 12) y por ello se asume su prestación por el Servicio Público o a su costa con la obligación de incluirlo en la cartera de servicios (art. 18)", argumentó.

En segundo lugar, De la Torre consideró que otro de los puntos que puede merecer la inconstitucionalidad es el que hace referencia a que "la capacidad de obrar es del mayor de edad, tal y como viene recogido en los artículos 12 de la Constitución Española, así como el artículo 315 del Código Civil".

La regla en el Derecho español, según el vicedecano, "es la capacidad de obrar no la capacidad natural o confianza en el menor maduro", pero la nueva Ley "hace la excepción regla y reconoce a la menor en el artículo 13".

Además de una "excepción grave", De la Torre consideró que es "fuente de más contradicción", lo que justificó al preguntarse "cómo va a decidir sólo una menor si su padre es su natural y legal representante legal y es su responsable económico y tiene derechos sobre los nietos según conquista dada por Ley de 18 de noviembre del 2003".

Asimismo, se preguntó "si nos olvidamos de los derechos de los abuelos cómo nos podemos olvidar también de los derechos del padre recogidos en la igualdad de sexos afirmada en el artículo 14 de la Constitución Española y exigida por Ley Orgánica de Igualdad".

En tercer lugar, el vicedecano argumentó que la ley "es una desviación moral e ideológica que, bajo la bandera de la libertad y la dignidad, afirma una ideología de género que impone el derecho de una persona a decidir sobre la vida de otra y de hacerlo uniltaralmente y sin causa".

En concreto, dijo que*esto es así porque el artículo 14 de la Ley recoge la "libre decisión sin necesidad de motivación porque libre aborto en las 14 semanas de gestación".

En cuarto lugar, consideró que la ley "es una aventura económica y el sistema sanitario no puede sostener aumentar ese coste, añadido al coste de la objeción y al coste de la formación en salud sexual en colegios y universidades".

De la misma forma, reprochó que la Ley "no es creíble en la doctrina del consentimiento informado, porque esta figura tan positiva se tendría que recabar tras una información exhaustiva y completa en los aspectos médicos, psicológicos, sociales y económicos", y alegó que "no hay medios ni garantías para ello".

Por último, criticó la Ley porque la ampliación de plazos hasta las 22 semanas que recoge su artículo 15 "es una puerta al aborto libre, además de en causa, en tiempo".

Por todo ello, reconoció tener una convicción "contraria a la Ley" y argumentó, además del "reparo moral", que el texto "se sirve ideológicamente a un criterio no general sino sectario (ideología de género), sin que sea excusa decir la exposición de motivos que se quiere responder al sentir social". "Económicamente es ruinosa y jurídicamente quiebra los valores superiores de la vida", concluyó.


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