La Corte Suprema de Chile condenó este miércoles a 33 exagentes, incluidos jerarcas de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, por el secuestro de cinco opositores en 1987, los últimos desaparecidos del cruento régimen militar.

Las víctimas, Julián Peña, Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz, que integraban el opositor Frente Patriótico Manuel Rodríguez, "fueron secuestradas por agentes del Estado en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño" y sus restos arrojados al mar, dice el fallo judicial.

Álvaro Corbalán y Hugo Salas, dos de los máximos jerarcas de la temida Central Nacional de Inteligencia (CNI), fueron condenados a 15 años de presidio. Ambos ya están en prisión cumpliendo condena por otras causas de violación a los derechos humanos.

Iván Quiroz, jefe del operativo policial, es el otro condenado por el caso que ya cumplía prisión por otros delitos.

Quiroz y los restantes exagentes recibieron en libertad la condena que va de 10 años a 5 años y un día y una única sentencia que definió la libertad vigilada.

Ahora, la justicia tiene 15 días para completar el proceso que terminará con los condenados tras las rejas.

La justicia chilena mantenía abiertas, a diciembre de 2016, casi 1.200 causas penales por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, un cruento régimen que dejó casi 40.000 torturados y unos 3.200 muertos y desaparecidos, según el informe anual de la Universidad Diego Portales.

Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto y denuncian que los condenados por dichos delitos son beneficiados al ser recluidos en la cárcel de Punta Peuco, un centro exclusivo para funcionarios de la dictadura en el que los internos cuentan con mejores condiciones que el resto de la población penal.