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Justicia confirma la prohibición de la marcha de mañana en Bilbao

20/08/2009 15:21 1 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó hoy "la legalidad" de la decisión del Departamento de Interior del Gobierno vasco de prohibir la manifestación convocada para este viernes en Bilbao bajo el lema 'Independentziaren bidean, aldaketa polítiko eta soziala' (En el camino de la independencia, cambio político y social).

El TSJPV cree que los verdaderos convocantes de la marcha son Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y Marta Pérez, ex concejales de la ilegalizada Euskal Herritarrok (EH), que han suplantado a Francisco Gezuraga, particular que comunicó la celebración de la manifestación a Interior. Además, señaló que en la marcha se podría intentar legitimar a ETA con el apoyo a los presos o que los manifestantes cometieran atentados contra bienes públicos y privados.

En su sentencia, la Sala de Vacaciones del TSJPV desestima el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución de Interior por Francisco Javier Gezuraga Tellería, convocante de la movilización.

CONVOCANTES SUPLANTADOS

El Gobierno vasco prohibió la movilización al denotar "indicios racionales" de que éste hubiera sido "suplantado por otros convocantes efectivos que se encuentran integrados en organizaciones políticas que están sujetas a medidas judiciales de suspensión" para promover manifestaciones en lugares públicos.

El TSJPV considera que, efectivamente, éste "ha sido apartado por terceros en la efectiva promoción de la manifestación, produciéndose con ello una situación de riesgo racionalmente fundado para la pacífica convivencia ciudadana que habilita la adopción de la medida gubernativa de prohibición de desarrollo del acto".

El alto tribunal vasco recuerda que, tras comunicar Gezuraga al Gobierno vasco el 10 de agosto la celebración de la marcha para el Día Grande de la Aste Nagusia bilbaína, al día siguiente los ex concejales de EH en Bilbao, Arantza Urkaregi Etxepare, David Alonso Esteban y Marta Pérez Etxeandia, comparecieron en rueda de prensa en Bilbao para efectuar la presentación pública de la movilización.

En este sentido, destaca que éstos expresaron la intención de su grupo de "pasar a una nueva fase política", a la que "respondía" la convocatoria de la manifestación del 21 de agosto, e informaron de que, en ella, se reivindicaría la ikurriña frente a la bandera española y se mostraría la solidaridad con los "represaliados políticos vascos", en alusión a los reclusos de ETA.

Además, recuerda la resolución judicial del TSJPV del 13 de agosto de 2005 por la que prohibió otra marcha en San Sebastián porque, como en este caso, se llegó a la conclusión de que, en realidad, el comunicante estaba actuando "en la práctica como mandatario de quien, en el caso presente, pretende ejercer el derecho de manifestación", que no era otro que Batasuna.

El TSJPV subraya que la presentación pública de la convocatoria comunicada fue realizada a través de una rueda de prensa el pasado 11 de agosto "en la que no compareció el comunicante".

La Sala de Vacaciones afirma que "el protagonismo del acto de público" fue de Urkaregi, Alonso y Pérez, "cuya ejecutoria política y consecuente imagen social aparecen netamente vinculadas a su actuación por cuenta de los partidos políticos Herri Batasuna-Euskal Herritarok-Batasuna", ilegalizados y disueltos por sentencia del 27 de marzo de 2003 del Tribunal Supremo "por haber mantenido una actividad que ha producido quiebra reiterada y grave de los principios y valores democráticos, al legitimar y justificar la existencia y las acciones" de ETA.

Asimismo, alude a la resolución judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 30 de junio en la que confirma la ilegalización al estimar que "la citada medida de disolución judicialmente adoptada no contraviene el artículo 11 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales".

EL AÑO PASADO

El TSJPV recuerda que, en la vista celebrada el pasado 18 de agosto, "es la propia parte recurrente", en concreto, el abogado Kepa Manzisidor, "quien establece la vinculación entre la finalidad de la convocatoria de la manifestación y la actuación públicamente promovida por las personas, distintas del comunicante, que comparecen en la rueda de prensa y que en el pasado han desempeñado cargos municipales por cuenta de Euskal Herritarok".

"Tras alegar la íntima correspondencia entre la manifestación ahora convocada y la celebrada en Bilbao el pasado día 22 de agosto de 2008, la parte recurrente aporta al proceso una copia simple de los recortes de prensa del día 13 de agosto de 2008. En dichos sueltos periodísticos se da noticia de la rueda de prensa en la que se anunció la referida manifestación y cuyo contenido confirma que, en aquella ocasión, la convocatoria real de la manifestación se produjo por Arantza Urkaregi y Marta Pérez, 'acompañadas por numerosos militantes de la izquierda abertzale'", señala.

Asimismo, apunta que son "reveladoras las fotografías que ilustran la noticia en las que, en segundo plano, puede distinguirse el cartel de la convocatoria en el que se incluyen las divisas comúnmente empleadas por las organizaciones políticas declaradas disueltas".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Tribunal tiene también en cuenta que, en la comunicación de la manifestación de mañana, no se especifica que se hayan adoptados medidas de seguridad o le haya pedido a la autoridad gubernativa que las tome, con el fin de "prevenir y evitar" que en el desarrollo de la marcha "puedan producirse actos de exhibición de eslóganes distintos al que se presenta como lema de la manifestación, tal como los que se anunciaron por las tres personas que protagonizaron la rueda de prensa ya referenciada".

Además, tampoco descarta que se pudieran "llevar a cabo actuaciones de legitimación de la organización terrorista ETA mediante manifestaciones de apoyo explícito a sus miembros, eufemísticamente descritos como 'represaliados políticos vascos', que alteren el desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad moral, a la ética y a la dignidad de los ciudadanos" o que, como en otras ocasiones, "como señalan criterios de experiencia, personas integrantes de la marcha atenten contra los bienes públicos o privados".

En cuanto a la pretensión del abogado del recurrente de que se anulara el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que declaraba la ilegalidad de la convocatoria, recordó que la Jurisdicción contencioso administrativa sólo puede someter a control la actuación de las administraciones públicas sujeta a derecho administrativo.


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josebe (20/08/2009)

Tengo 53 años he vivido la represion y prohibicion franquista, y actualmente sigo viviendola.