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Justicia prepara una ley para favorecer la mediación en materia civil y mercantil y aligerar de trabajo a los juzgados

19/01/2010 15:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Ministerio de Justicia está preparando una nueva Ley de Mediación y Arbitraje que tiene como objetivo potenciar la resolución de conflictos para evitar que éstos lleguen a los tribunales y rebajar así la carga de trabajo de los juzgados. Esta norma, que el Consejo de Ministro aprobará durante el primer trimestre de 2010, previsiblemente en febrero, tendrá un contenido civil y mercantil, pero no penal, ya que la mediación en esta materia se regulará más adelante, cuando se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así lo explicó hoy el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, antes de participar en un seminario sobre la modernización de la Justicia organizado por la Fundación Ortega y Gasset y al que también asistieron el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Alvaro Cuesta; los portavoces de PSOE y CiU en este órgano, Julio Villarrubia y Jordi Jané y la portavoz adjunta del PP en el mismo órgano, Dolors Montserrat.

Tras recordar que la futura Ley de Mediación forma parte del Plan de Modernización de la Justicia y también se enmarca en la estrategia de economía sostenible que impulsa el Gobierno, Campo explicó que el Ejecutivo quiere aprovechar la trasposición de la directiva europea sobre este asunto para fomentar la búsqueda de soluciones alternativas a los tribunales "en otras materias que se presta muy bien al ámbito de la mediación".

MEJOR ACUERDO PREVIO QUE SENTENCIA TRAUMÁTICA

"Se trata de buscar resoluciones alternativas de conflictos, de quitar sobrecarga de trabajo y, en suma, buscar el contentamiento de la ciudadanía", resumió, antes de subrayar que "es más amable la resolución del mediador que una sentencia que tiene carácter traumático para el que pierde".

En este contexto, el secretario de Estado de Justicia detalló que la nueva norma tendrá "contenido mercantil y fundamentalmente civil" y que la aplicación de este concepto en la jurisdicción penal se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Precisamente, los portavoces parlamentarios abogaron por potenciar los mecanismos de conciliación en otras jurisdicciones, además de la social, que es en la que más se utilizan. Así, el socialista Villarrubia, abogó por hacerlo también en la penal, "con las cautelas oportunas", mientras que la 'popular' Dolors Montserrat animó a tener en cuenta cómo se aplica esta cuestión en otros países. Desde CiU, Jané pronosticó que, debido a la mala imagen de la Justicia en España, esta fórmula tiene "mucho futuro" en nuestro país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso aprovechó su intervención para avanzar el calendario legislativo del órgano que preside para este año. Además de continuar la tramitación del nuevo Código Penal y de arrancar la de la reforma del Registro Civil recientemente aprobaba por el Ejecutivo, en el primer trimestre de este año la Cámara Baja tendrá que discutir la citada Ley de Arbitraje.

Ya en el segundo trimestre de 2010, el Gobierno tiene previsto aprobar la modificación de la Ley de Procedimientos Laborales y de tutela de los Derechos Laborales, que data de 1995, y entre junio y septiembre hará lo propio con el proyecto de reforma integral de la Ley Concursal.

CONFLICTOS POR LA NUEVA LEY DE PLANTA

Los portavoces de PSOE, PP y CiU coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para superar los conflictos que, según auguraron, generará la nueva Ley de demarcación y planta judicial, una norma "espinosa" y "conflictiva", que provocará la protesta de numerosos ayuntamientos que, probablemente perderán la condición de partido judicial y, por tanto, sus juzgados.

Esta nueva estructuración de la Administración de Justicia deberá acometerse tras analizar las necesidades específicas de cada zona y debería contar, según recalcó el portavoz de CiU, con la colaboración de las comunidades autónomas, a las que animó a hacer propuestas concretas.

Todos los portavoces incidieron también en que hay que seguir aumentando la inversión pública en esta materia incrementando los medios materiales y humanos y fomentando la modernización tecnológica a través de la informatización de toda la administración y facilitando, por ejemplo, la utilización de videoconferencias, sobre todo en Canarias y Baleares, como propuso la representante del PP.

En este punto, Montserrat alertó de que, pese a que el próximo 4 de mayo entrará en vigor en su totalidad la nueva Ley de la Oficina Judicial, a día hoy en los juzgados todavía existe "muy poca información" sobre esta norma. Además, reclamó que se aproveche la reforma del nuevo Código Penal para modificar el sistema de penas, que en España se cifran en más de una treintena, e ir hacia un modelo similar al austriaco o el alemán, donde existe un número de penas mucho menor.

Por su parte, el socialista Julio Villarubia recordó que el nuevo modelo organizativo de la Justicia y la creación de los jueces de adscripción territorial va a suponer la eliminación de la figura de los jueces suplentes e interinos. El diputado apostó por buscar alguna vía que permita a miembros de este colectivo, que acumulan una gran experiencia, mantenerse en activo. "No debemos perder algunos de estos activos que tienen una alta cualificación", apuntó.


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